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Estos plazos se suponían suficientes para honrar los compromisos demandados en la construcción de las obras hidroeléctricas. Una vez que las partes, sus legítimos propietarios, queden liberados de la deuda el funcionamiento, el mantenimiento, los royalties y los resarcimientos representarían un costo mínimo para el servicio de electricidad. Como primera consecuencia, la tarifa de las centrales en vez de US$ 50 caería a unos US$ 20 por cada megavatio hora.
La revisión, una vez cancelada las deudas, supone una recomposición de los compromisos que fueron asumidos, tratados mediante, para garantizar los pagos de los préstamos.
Paraguay quedaría en condiciones de disponer de su excedente como mejor le parezca, sea utilizándolo o vendiendo al socio condómino o a otro oferente mejor. Significa, después de décadas, la recuperación de su soberanía energética.
No obstante, según la realidad, es imposible retornar la totalidad del excedente ante el imperativo de que ninguno de nuestros socios están en condiciones de prescindir de él. Es imposible que apaguen sus luces para que podamos encender las nuestras. Entonces, según la lógica y el sentido común, lo que resta es venderles a precio de mercado y no como ahora, una simple cesión a cambio de una magra y degradante compensación.
Pero estas circunstancias y el crecimiento de nuestra demanda exigen soluciones pragmáticas. En efecto, a posteriori, mediante buenos acuerdos, al igual que en la represa de Salto Grande, la mitad de las máquinas de Corpus sería oportunamente administrada por nuestra margen para asegurar la sostenibilidad de la demanda nacional.
La condición básica, cumplidos los plazos, para recomponer los acuerdos binacionales pasa necesariamente por las deudas contraídas. Aunque con el añadido de la ilegal “deuda espuria” Itaipú, para el 2023, tiene programado cancelar sus deudas.
En Yacyretá no ocurrió lo mismo en el 2014. El Gobierno argentino se niega a aceptar que la energía recibida de la central hidroeléctrica, durante treinta años, ya fue pago suficiente por sus aportes.
Es notable que el socio condómino siga desembolsando anualmente unos US$ 15.000 por importación de hidrocarburos en vez de aceptar como honrada la deuda de la binacional para avanzar con los otros planes que harán más sostenible y menos onerosa su creciente demanda.
Aunque el mantenimiento del statu quo, que aparentemente le favorece en Yacyretá, sea una necesidad es también un perjuicio para el vecino país. En efecto, le impide ampliar la capacidad de generación de la usina mediante la construcción de la presa de compensación. También pierde la posibilidad de maquinizar el brazo Aña Cua y la instalación de turbinas generadoras adicionales en la central hidroeléctrica.
Es importante que el Gobierno paraguayo se mantenga firme y no acceda a que se realice ninguna obra de ampliación hasta tanto el socio acepte conciliar las cuentas en la entidad binacional.
La Argentina se debate en aguda crisis energética. No tiene sentido que sus autoridades sigan dilatando el arreglo de cuentas indispensable para sanear y dejar a cero la deuda de la binacional.
Con la cancelación de la deuda, que permitirá nuevas reglas, es un hecho la recuperación de nuestra soberanía energética en Yacyretá. La solución adoptada por las partes será necesariamente el precedente imprescindible que el socio brasileño de Itaipú no podrá obviar en el 2023.
Muchos compatriotas creen que el Gobierno no tiene un objetivo claro dirigido a la Argentina para el cumplimiento del Tratado. No notan un plan de negociación firme y coherente.
Por todo ello, es preciso insistir en que el statu quo en Yacyretá no va a variar con declaraciones diplomáticas poco convincentes, sino con la firmeza y la clara visión de estadista.
Es menester que Horacio Cartes cumpla con sus promesas electorales. Es imperativo que no ceda un solo milímetro en la defensa de los altos intereses nacionales.
juanantoniopozzo@gmail.com