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El Acuífero Guaraní es un reservorio subterráneo de agua dulce, que se extiende por debajo de la superficie de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
El reservorio, de unos 1.200.000 km2, distribuido entre Argentina, 225.500 km2 (18,9 %); Brasil, 840.000 km2 (71,4 %); Paraguay, 71.700 km2 (5,9%) y Uruguay, 45.000 km2 (3,8%), abastece no a todas las poblaciones que viven al sureste de América del Sur.
No obstante, el agua almacenada, estimada en 37.000 km3, empleada con criterio de sostenibilidad puede atender, sin riesgo de agotarse, a más de mil millones de personas, una sexta parte de la población mundial.
Según los expertos la conformación geológica del sistema, parecido a una gigantesca esponja subterránea, está extendida en un vasto territorio en cuyas zonas altas se produce la recarga con el agua de lluvia, ríos y arroyos. En las regiones bajas se descarga, directa o indirectamente, a los cursos de agua superficiales. Las principales zonas de recarga están en territorio paraguayo.
Esta reserva de agua dulce, escasa e imprescindible, por constituir un bien insustituible para la vida humana, es la riqueza más importante del Paraguay.
Al Proyecto de Ley Acuífero Guaraní –acordado en agosto de 2010– para convertirla en ley de la nación se le dio entrada en la Cámara de Senadores el 3 de marzo de 2011. El 5 de octubre se dictaminó favorablemente en la Comisión de Energía y Recursos Naturales y el 19 de octubre, en la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales. El 6 de junio de 2012 el dictamen de la Comisión de Legislación, Justicia y Trabajo también fue favorable y el 7 de junio de 2012 quedó aprobado en general luego de debatirse en la plenaria. El 13 de junio de 2012 el proyecto de ley que aprobaba el acuerdo sobre el Acuífero Guaraní –la media sanción– fue remitido para su tratamiento a la Cámara de Diputados.
La redacción del documento derivado a la cámara revisora, inicialmente, no deja lugar a dudas de que el Sistema Acuífero Guaraní es un recurso hídrico transfronterizo que integra el dominio territorial soberano de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. No obstante, más adelante, exige respetar (Art. 2 y Art. 3) ¨la obligación de no causar perjuicio sensible a los demás Estados Partes ni al medio ambiente¨. También determina que cuando las obras del Estado Parte pueden causar perjuicios sensibles se abstendrá (Art.11.3) de “iniciar o seguir mientras duren las consultas y negociaciones que deberán concluirse dentro del plazo máximo de seis meses”.
En sus primeros artículos el proyecto no deja lugar a dudas del dominio territorial soberano del Paraguay sobre la parte que le corresponde del Acuífero Guaraní. En los siguientes, sin embargo, establece que el Paraguay debe informar a sus vecinos sobre toda actividad u obra que contemple el aprovechamiento de los recursos hídricos para que ellos puedan aprobarla o cuestionarla. En su contexto, no es más que una cesión de derechos de la libertad de disponer de sus recursos hídricos.
Similar al Tratado de Itaipú –redactado en secreto–, que en sus primeros artículos comparte equitativamente entre los socios la electricidad producida por la usina hidroeléctrica, para luego, en el contexto del acuerdo, entregar la casi totalidad de la producción hidroeléctrica a la margen izquierda. Todo ello violando el fin y el objeto del Tratado de 1973.
El análisis indica que el Paraguay, una vez más, está al borde de ceder sus derechos soberanos de aceptar el proyecto en cuestión.
Históricamente está demostrado que nuestros vecinos han acomodado los acuerdos en función a sus intereses. Ocurrió con los tratados de límites de 1872, con el Brasil, y de 1876, con la Argentina.
También con los Tratados de Itaipú y de Yacyretá de 1973. Un estatuto más paritario, que corregía las asimetrías en Itaipú, aprobada por la Ley 1144/97, sigue encajonado en el Congreso brasileño.
Últimamente, nuestros socios del Mercosur, haciendo tabla rasa del Tratado de Asunción de 1991, intervinieron en nuestros asuntos internos y en abierta violación de nuestros derechos nos expulsaron del Mercosur.
¿Qué nos asegura que la ratificación del acuerdo nos garantice el respeto de las otras Altas Partes a la soberanía sobre nuestro recurso hídrico?
(*) Autor de los libros “Itaipú, una apropiación indebido” e “Itaipú, una victoria bien brasileña”.
juanantoniopozzo@gmail.com