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Seall destacó el actuar del juez Rubén Riquelme en el caso, por haber actuado conforme al derecho constitucional. “Ninguno de los argumentos de la Contraloría son atendibles. Son hasta sospechosos por provenir de ese ente. Es indefendible”, enfatizó.
Sería un sinsentido -en palabras del abogado- exigir al funcionario la presentación de la declaración jurada si la misma sociedad no puede escrutar el contenido. No se trata, insistió, de un contrato privado sino de una cuestión inherente al cargo al que accedió voluntariamente. “Entre las obligaciones del funcionario está el escrutinio público. No se puede aplicar el mismo estándar con un funcionario público que con un privado”, enfatizó.
“No es solo el antojo de un periodista”, agregó. “ La propia especulación sobre los fines que se dará a la información solicitada es inconstitucional”, finalizó.