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Diego Zavala fue el principal negociador de la liberación de su hermano mayor Fidel, quien fue secuestrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en la tarde del 15 de octubre de 2009 de su estancia Doña Mabel, del ahora distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción.
El ahora senador Fidel Zavala fue liberado al cabo de 94 días, el 17 de enero de 2010, tras el pago de 550.000 dólares de rescate.
Aquel fue el cuarto plagio atribuido a la banda que hoy opera con el nombre de EPP, luego de los casos de María Edith Bordón de Debernardi, Cecilia Cubas y Luis Lindstron.
Por el caso Debernardi, siguen en prisión Alcides Oviedo Brítez, Carmen Villalba y Aldo Meza, pero otros tres implicados principales, Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán están oficialmente fugitivos, aunque los tres gozan de refugio político en Brasil.
El nuevo presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, dio a entender al Gobierno paraguayo de Mario Abdo Benítez que retiraría el status de refugiados a Arrom y Martí, quienes entonces tendrán que ser entregados a nuestro país y juzgados por secuestro. En cambio, los supuestos secuestradores plantearon una demanda contra el Estado paraguayo por el supuesto secuestro que sufrieron de parte de funcionarios públicos.
Arrom y Martí pidieron una indemización de 63 millones de dólares, paradójicamente, una cifra que equivaldría a casi un millón por cada día que mantuvieron a María Edith en cautiverio, que estuvo secuestrada 64 días.
Al respecto, el exministro de Industria y Comercio, Diego Zavala, declaró ayer a ABC Color que “confío en que la Corte va a hacer lo que tenga que hacer, en que no va a declarar como víctimas y no le va a dar una indemnización a las personas que organizaron y promovieron la industria del secuestro extorsivo en Paraguay”.
Después, indicó que “las verdaderas víctimas están en nuestro país, llorando y lamentándose todos los días”.
“Estoy convencido de que hubo una mejicaneada y de que algunas personas cercanas al Gobierno estaban metidas. Lo que pasó fue que le secuestraron a unos secuestradores para sacarles el dinero que iban a recibir. ¿Pero por qué el resto del país debe pagar por eso?”, añadió Diego Zavala.
Por último, recomendó que si se llega a dar el fallo contra el Estado y a favor de los supuestos secuestradores, el dinero tendría que ser invertido, por ejemplo, en cursos de derechos humanos para la Policía o las Fuerzas Armadas.
“Esto le va a sacar legitimidad a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Confío en la Corte, hizo grandes cosas antes”, concluyó.