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Hubo fuertes sospechas del uso de millonarios montos para las campañas de Blanca Ovelar, Nicanor Duarte Frutos y el exdirector de la Itaipú, Víctor Bernal. Sin embargo, la imputación por lesión de confianza afectó solo a Wilfrido Taboada, exdirector financiero; Guido Roque Zacarías Michelagnoli, exsuperintendente de Planeamiento Empresarial; y Rulfo René Velilla Aguilera, excoordinador de Proyectos Turísticos y Especiales, que ahora serán desvinculados.
Sin embargo, y pese a que se creía que el Ministerio Público iba a castigar el financiamiento de campañas electorales, la fiscala Victoria Acuña, por segunda vez, intenta archivar la causa.
Hace un año, su primer intento fue rectificado por el fiscal adjunto, Marco Alcaraz, quien pidió diez puntos de diligencias (ver facsímil de la página). Los resultados siguen dejando dudas por ser paupérrimos.
Acuña en su pedido de sobreseimiento no es contundente y alega “duda” o “falta de certeza” ante el hecho de que tres publicitarias (Sistema Siete, JOP Publicidad y KAD Estudios) realizaron trabajos para la campaña de la ANR y recibieron pagos de la Itaipú.
A la fiscala Acuña le bastó concluir que en el mismo periodo las publicitarias se encargaron de eventos de la binacional y de entregar piezas publicitarias a la Asociación Nacional Republicana (ANR), por lo que supuestamente era imposible romper la presunción de inocencia de los imputados.
Las empresas en cuestión no podían justificar cobros de G. 1.116.047.500 a la Itaipú Binacional.
Tras las nuevas diligencias, varios puntos que pidió la Fiscalía General no volvieron a quedar claros.
La declaración testifical de Juana Torres Zanotti Cavazzoni, propietaria de JOP Publicidad, era de suma importancia. La misma, en un primer momento, dijo que Rulfo René Velilla (imputado) solicitaba trabajos tanto para la Itaipú como para el Partido Colorado, y que estos productos eran entregados en lugares diferentes, entre ellos, Mburuvicha Róga. Su ampliación testifical, ni siquiera un pequeño extracto, no aparece en el escrito de Fiscalía.
Otro ejemplo tiene que ver con que la propia binacional desconoce los proyectos Jahapo’o Mboriahu y Ñamopu’ã Paraguay. A su vez, Itaipú no envió facturas 121 y 145 de KAD Estudios que Alcaraz pidió.
Llamativamente, solo se consignó la factura Nº 150 del 28 de agosto de 2007, por G. 49.237.000, donde la binacional justificó como gastos realizados en un evento.
Se llega al extremo de que el quinto punto de la rectificación del fiscal adjunto, donde se pidió a la Itaipú que detalle kits entregados a los turistas, así como su origen y provisión, directamente no se consigna o se omite en el escrito fiscal.