Una jueza procesa a ex defensor del Pueblo

La jueza penal de Garantías Rosarito Montanía, aceptó la imputación de la fiscalía anticorrupción y procesó al ex defensor del Pueblo Manuel María Páez Monges y a dos personas más, por lesión de confianza, y los citó para la audiencia de imposición de medidas.

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Manuel Páez Monges es convocado para declarar el 24 de agosto a las 9:00. El mismo está procesado por lesión de confianza en grado de autor, mientras que Shirley Cantero, defensora delegada de la Defensoría del Pueblo, y Victorino Andrés González, encargado del Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, fueron procesados en carácter de cómplices y también han sido citados por la magistrada para la audiencia de imposición de medidas.

Las tres personas fueron imputadas por los fiscales Igor Cáceres y Josefina Aghemo, quienes solicitaron para los tres las medidas alternativas a la prisión durante el proceso. Se estima un perjuicio de más de G. 900 millones en los casos que fueron denunciados.

Adulteración

Muchas fueron las denuncias que se realizaron contra Páez Monges, por supuestas adulteraciones de documentos para hacer millonarios pagos a supuestas víctimas de la dictadura. Norma Ferreira, delegada de la Defensoría en el 2012, ya había presentado denuncias ante el Ministerio Público, pero nunca corrieron, presuntamente por presiones del mismo Páez Monges.

Sin embargo, tras asumir como nuevo defensor del Pueblo el abogado Miguel Ángel Godoy en noviembre de 2016, el mismo ordenó una investigación y se encontraron varios casos que fueron denunciados y remitidos a la fiscalía.

Uno en particular que involucraba a Victorino Andrés González fue el que llamó la atención, ya que el hoy imputado le presentó a su padre como víctima de la dictadura. Luego se comprobó que el mismo González adulteró documentos para que su progenitor cobre el subsidio.

El defensor Godoy, en su denuncia señaló que se investigaron las denuncias de cobro indebido y se encontraron adulteraciones en las que se hacía pasar a personas que fueron efectivamente presas en los años de la dictadura por delitos comunes, como gente que fue torturada. De esa manera se logró pagar millonarias sumas de dinero a personas que nunca fueron torturadas. Ahora Páez Monges, la actual defensora delegada Shirley Cantero y Victorino González afrontan proceso.

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