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Tras reunirse por cerca de media hora con el presidente Horacio Cartes en Mburuvicha Róga, Ramírez Zambonini dijo que puso en conocimiento del Mandatario la “reestructuración” que llevan adelante.
Afirmó que la designación de Carlos María Ljubetic y Luis Alberto Mauro como director y vicedirector del Registro Electoral era un “sinceramiento” sobre una tarea que de hecho venían ejerciendo.
Sobre la denuncia de los traslados masivos de electores en el padrón , Ramírez Zambonini dijo que esa será justamente “la primera tarea de Ljubetic y Mauro”. Consultado si los cambios de funcionarios se debieron a este traslado masivo, se limitó a reiterar que los nuevos director y vicedirector del Registro Electoral investigarán esta situación.
Puntualizó que habían detectado que hubo “movimientos equivocados, por llamarle de alguna forma, de electores en algunos distritos”. Afirmó que eso se investigará y que se tienen los mecanismos técnicos para el efecto.
Admitió que debió haber connivencia de algunos funcionarios del TSJE y que eso lo confirmará un sumario. Indicó que el presidente Cartes expresó su preocupación y que le informaron que el lunes se comenzará a trabajar para aclarar el tema.
Indicó que “felizmente” detectaron los casos a tiempo y serán corregidos. En cuanto a las responsabilidades, dijo que serán establecidas y habrá sanciones administrativas o, si corresponde, intervendrá la fiscalía.
Sobre la situación de Carlos María Santacruz, ahora exdirector del Registro, dijo que tenía entendido que irá a otro cargo, en la Entidad Binacional Yacyretá.
Ramírez Zambonini dijo también que los representantes de los partidos políticos van a quedar en calidad de asesores y que “nadie va a perder su lugar”. Apuntó además que la gran mayoría de los funcionarios están “institucionalizados”, en el sentido de que trabajan para el TSJE y para el país y no para su partido.
Según indicó, ya se superó la etapa en el que la Justicia Electoral era un campo de batalla de los partidos políticos.
También se refirió el presidente del TSJE al trabajo conjunto que harán con organismos electorales de la región y al asesoramiento que les fue solicitado por otros países, como el caso de Honduras.