Tras año de la peor matanza, persiste discusión por dominio de Marina Cue

Un año después de la peor matanza ocurrida en las últimas décadas, en la que resultaron víctimas seis policías y once campesinos de la zona, se sigue discutiendo en el ámbito judicial sobre el dominio del inmueble que fue escenario de la tragedia en la colonia Yvyra Pytã, de Curuguaty. Los defensores de familiares de los campesinos asesinados se aferran a la adjudicación del inmueble que aseguran pertenece al Estado, mientras la familia Riquelme se ampara en un fallo judicial a favor en el juicio de prescripción. Para hoy anuncian una nueva invasión de las tierras.

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CURUGUATY (Pablo Medina, corresponsal). Al cumplirse un año de la masacre ocurrida en las tierras ocupadas por la empresa Campos Morombí, de los herederos del fallecido político Blas N. Riquelme, o Marina Cue (como le llaman los campesinos), los familiares de las víctimas recordarán a los once campesinos caídos. Se trata de Luis Paredes, Luciano Ortega, Fermín Paredes, Adolfo Castro, Delfín Duarte, Francisco Ayala, Ricardo Frutos Jara, Abelino Espínola, Andrés Riveros, Arnaldo Ruiz Díaz y De los Santos Agüero.

La matanza fue resultado de un fallido procedimiento fiscal-policial, encabezado por los fiscales Ninfa Mercedes Aguilar y Diosnel Giménez.

En el acto que se realizará a las 08:00 en el acceso a las tierras en conflicto también recordarán a Vidal Vega, dirigente campesino acribillado en su domicilio de la colonia Yvy Pytã, el 1 de diciembre de 2012.

Los campesinos sostienen que el inmueble pertenece al Estado paraguayo, ya que fue donado por la multinacional La Industrial Paraguaya Sociedad Anónima (Lipsa). Sin embargo, la empresa Campos Morombí, de los herederos del fallecido empresario Blas N. Riquelme, obtuvo un fallo a favor del juez local Carlos Goiburú (hoy suspendido) en el juicio de usucapión planteado contra la empresa multinacional.

En su momento, el juez Goiburú Bado sostuvo que si bien el Estado recibió en donación, jamás gestionó la transferencia a través de la Escribanía Mayor de la República, y en consecuencia la propiedad figuraba en el Registro Público a nombre de Lipsa.

La familia Riquelme recurrió mediante falta de acción contra el Estado, que en primera instancia falló a favor del recurrente. A su vez, la Procuraduría General de la República apeló y obtuvo la revocatoria; por lo que la parte perdidosa recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en cuya instancia se resolverá si es el Estado o la familia Riquelme el que posee el dominio sobre la propiedad.

En su momento, la familia Riquelme ofreció en donación el mismo inmueble usucapido bajo condiciones de mantenerse como área de amortiguamiento de la reserva privada Campos Morombí y no para asentamiento campesino. Sin embargo, fue rechazado por las autoridades nacionales, por lo que el pleito continúa en los estrados judiciales.

Los dos últimos gobiernos, de Fernando Lugo y Federico Franco, sostienen que la referida propiedad debe ser recuperada de manos de la familia Riquelme para destinar a la reforma agraria.

Amenaza de nueva invasión

Dos grupos de “sintierras”, liderados por familiares de los campesinos caídos el 15 de junio de 2012 y del dirigente campesino y político liberal Leonor Rivas Torres, que reivindican el inmueble de 2000 hectáreas conocidas como Marina Cue, se unen para reinvadir la propiedad en coincidencia con el primer aniversario de la masacre. El reingreso se produciría luego de los actos conmemorativos a realizarse en el acceso principal de la propiedad, desde las 08:00.

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