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El comisario Tomás Paredes Palma, subjefe del departamento de Investigación de Delitos, fue quien presentó la recusación contra la fiscala que lo imputó por inducción a un subordinado a cometer hecho punible, debido a que bajo su dirección se perpetró el atraco en el sanitario de damas situado en el estacionamiento del local del PLRA, a las 0:22, del 1 de abril último.
En esa ocasión, el oficial Guido Amarilla disparó con balines de goma contra los que estaban ocultos en el interior del baño; entre ellos el diputado Eusebio Alvarenga.
Lo concreto es que la fiscala fue recusada cuando estaba preparando una nueva imputación por omisión de auxilio y la iba a formular contra policías entre los que se encontraba el mismo Paredes Palma.
Quintana estuvo varios minutos tendido en el piso sin ser auxiliado.
Aparentemente, los agentes al percatarse de la gravedad de lo ocurrido, en lugar de auxiliarlo, decidieron salir del lugar, conforme se observa en la filmación del circuito de seguridad. Quintana fue auxiliado luego por los demás presentes, pero ya no se pudo evitar su deceso.
También se tornaba inminente una imputación por liberación de presos a policías que facilitaron la salida de la Agrupación de Seguridad a Gustavo Florentín, quien es sindicado como el autor del mortal disparo a Rodrigo Quintana.
Ocurre que Florentín estaba cumpliendo un arresto en la Comandancia, dispuesto por el juez de Luque, Nelson Romero, en un caso de violencia familiar.
Pero Florentín no solo fue liberado para sumarse a los policías antimotines asignados para la cobertura de las manifestaciones antienmienda, sino que le entregaron balines de plomo en lugar de los de goma, con los que de acuerdo a la investigación preliminar se mató a Quintana.
Pero el punto más relevante de la investigación sigue sin avanzar.
La fiscalía no puede precisar hasta ahora quien dio la orden de que agentes antimotines y civiles del departamento de Investigación de Delitos irrumpan casi en forma sincronizada en la sede del PLRA.
Desde el excomandante Críspulo Sotelo hasta los demás jefes policiales, las declaraciones no hicieron más que ponerle palos a la rueda a la investigación.
Es que resulta inexplicable que un grupo de policías haya obrado de esa forma sin que ningún superior haya dado la orden.
El caso está en manos de la fiscala Raquel Fernández, cuyo retorno al trabajo tras sus vacaciones, coincidió con la recusación a la fiscala Lorena Ledesma.
Pero así como están las cosas my poco se avanzó con relación al más grave de los hechos que se sucedieron entre la noche del 31 de marzo y el 1 de abril.
Entraron sin orden judicial
El fiscal Aldo Cantero dijo a ABC Cardinal que los policías que irrumpieron en el PLRA no pueden tomar como argumento de defensa una imputación presentada contra cinco personas a quienes se las ve en filmaciones de circuitos de seguridad, con bombas molotov en la mano. “Esa es otra cuestión. Los policías entraron sin orden judicial al local del PLRA”, explicó. Cantero y su colega María Estefanía González imputaron a Luis Osvaldo Sánchez, Stiben Antonio Patrón Cáceres (incluidos en el proceso por destrozos en el Congreso), Brian Esteban Martínez Jara y un adolescente de 17 años, por supuestamente haber fabricado bombas molotov en el local del Partido Liberal Radical Auténtico.