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El mismo defendió la jubilación VIP de parlamentarios al cumplir solo dos periodos legislativos con la excusa de que no son “personas comunes”.
De esta forma se ha desempeñado en su proceso penal, porque a cinco meses de ser desaforado truncó tanto la causa que ni siquiera se le impusieron medidas restrictivas.
Por este motivo, la fiscala de Delitos Económicos Liliana Alcaraz tuvo que pedir prórroga extraordinaria, que le fue concedida por la Cámara de Apelaciones la semana pasada. Se fijó como fecha de presentación de requerimiento conclusivo el 12 de noviembre de este año.
La investigadora tiene pendiente tomar declaraciones testimoniales que pidió el propio Portillo. Además, está esperando todavía el resultado del cruce de llamadas de teléfonos celulares, a cargo del Laboratorio Forense de la Fiscalía.
El legislador también se abstuvo de prestar declaración indagatoria. Además, objetó la admisión de imputación. Presentó un incidente de nulidad que hasta ahora no es resuelto por la Cámara de Apelaciones.
De acuerdo a los antecedentes, Carlos Portillo fue imputado el 9 de enero de este año por exigir US$ 3.000 a una procesada para “arreglar” su causa.
La imputación contra el parlamentario es por los hechos punibles de tráfico de influencias, soborno, asociación criminal (todos en calidad de autor) y cohecho pasivo (como cómplice).
El caso se inició a raíz de audios difundidos por ABC Cardinal, en los cuales se escucha al liberal conversando con una mujer acerca de la obtención de una resolución favorable a un caso judicial, y en el que la persona de sexo femenino le menciona: ¿Cómo te puedo enviar… depósito, giro, entrega? A lo que el diputado le responde: “…Voy a ver si alguno de mis familiares o amigos puede acercarse…”.
Resultó intermediaria la abogada Lucía Escobar, coimputada en la causa.
La víctima fue Auda Fleitas y la misma corroboró en una testimonial que le pidieron US$ 3.000 para arreglar una causa en su contra abierta por estafa y producción de documentos no auténticos. Relató que el caso data de junio de 2017 y que el diputado le confirmó que consiguió un fallo favorable de la Cámara de Alto Paraná, por el que debía pagar ese monto.