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Representantes ciudadanos y la diputada Olga Ferreira coincidieron en expresar su sospecha de que la permanencia del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) es un negocio para agentes de los organismos de seguridad u otras instituciones involucradas en la infructuosa lucha contra el grupo extremista de izquierda. En la audiencia, hubo una serie de críticas a la Fuerza de Tarea Conjunta, desplegada desde el 25 de agosto del año pasado en la zona Norte del país, por su ineficacia. Además, se expresó la falta de confianza en la Policía, la Fiscalía y las FF.AA. Una participante en la audiencia exigió que se explique cómo se han utilizado ya unos 480 millones de dólares en la lucha sin éxito del EPP y otros expresaron su impotencia, rabia y miedo ante la ola de delincuencia en el país, mientras la Policía se muestra inútil.
La diputada Ferreira, titular de la comisión de DD.HH., dijo que el EPP sigue actuando, derribando torres de la ANDE, secuestrando policías, pero sin tener absoluta reacción de los organismos de seguridad. Afirmó que el grupo criminal marca la agenda a los más de seis millones de paraguayos. Cuestionó al ministro de Interior, Francisco de Vargas, porque nunca apareció ante los llamados de la comisión y porque perdió totalmente credibilidad, según sus expresiones. Estuvo también el detective Martín Santos, quien afirmó que en su investigación en el norte supo “de la ubicación” del joven secuestrado Arlan Fick, así como del lugar de reunión del EPP, pero que nadie le dio crédito (fiscalía, policía y FF.AA.). Se preguntó por qué no se da orden a los militares para actuar.
Las autoridades, como el viceministro de Seguridad, Javier Ibarra, y el ministro de Defensa, Gral. (sr) Soto Estigarribia, pidieron paciencia y prometieron que van a haber resultados.