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Señaló que tiene fundadas sospechas de que el actual Gobierno tiene en funciones un equipo de control, obviamente al margen de la ley y fuera de toda autorización de autoridad competente, realizando un espionaje para uso político.
Indicó que esta situación evidencia que estamos ante una práctica prohibida que la ley e inaceptable desde el punto de vista de un Estado de Derecho.
Amarilla apuntó que inclusive tienen la versión de que el Centro de Inteligencia oficial, que opera en Tacumbú, se presta para estos menesteres.
Agregó que en marzo, cuando vuelven las actividades en el Congreso, pedirán que se conforme una comisión que investigue la existencia de estos equipos de escucha y seguimiento no autorizados por la ley.
Sobre la última denuncia de los cartistas, Amarilla dijo que protagonizan una parodia de una farsa que ellos mismos montaron. Recordó que, con toda pompa y solemnidad, las autoridades de la ANR entregaron las carpetas que contenían las firmas adulteradas y hoy pretenden ridículamente deslindar responsabilidades.