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CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). Steibi, que aglutina al 80% de los trabajadores de Itaipú, solicitó por nota a Spalding el cumplimiento de la Ley 5189/14, que obliga a divulgar la lista de funcionarios con sus respectivos salarios y beneficios, entre otros datos de carácter público.
El sindicato acusó incluso a Spalding de no querer publicar su sueldo de casi G. 200 millones mensuales, incluyendo viático, empleados a su disposición, combustible, casa, entre otros.
Aseguran que Spalding debe hacer su declaración jurada, al igual que los demás funcionarios, en cumplimiento de la Ley 5033/2013, pese a no ser estos funcionarios públicos.
Rubén Machuca, secretario general de Steibi, refirió que Spalding es un incoherente, al apoyar, en aquel entonces, la transparencia y que los funcionarios hagan una declaración jurada. Sin embargo, ahora afirma que la binacional no es un ente público.
Machuca insistió en que el Steibi aglutina a unos 1.800 empleados, lo que sería el 80% de los trabajadores.
Oposición de sindicatos
Los seis sindicatos restantes: Sichap, Sicae, Sise, Sindiitaipu, Sepeib y Sitraibi remitieron también notas, pero en apoyo al director general paraguayo de Itaipú de no divulgar la lista de funcionarios con sueldos y millonarios beneficios. En consecuencia, estos seis sindicatos están a favor de la acción de inconstitucionalidad planteada por el ente hidroeléctrico ante la Corte Suprema de Justicia para impedir el cumplimiento de la Ley 5189.
En el manifiesto del Sindicato de Ingenieros de Centrales Hidroeléctricas del Alto Paraná (Sichap), firmado por el secretario general, Ramón Ramírez Duarte, expresa su apoyo a la acción de inconstitucionalidad presentada por la entidad contra la Ley 5189. Añaden que “el único mecanismo para obligar a la Itaipú Binacional a proporcionar informaciones referentes a los valores pagados por la Itaipú en concepto de remuneraciones a sus empleados, consejeros y directores es la vía de Nota Reversal”.
Para Ramírez Duarte, este acuerdo diplomático constituye un consenso entre ambas partes para hacer públicos dichos datos.
En otro manifiesto en el que firman los demás cinco gremios, aseguran que la controvertida ley sitúa “equivocadamente a la binacional como un ente público”.
Los sindicalistas además afirman que la ley “pretende igualar jurídicamente a los funcionarios públicos con los trabajadores de Itaipú, quienes por su parte, conforme al artículo 20 del Tratado de Itaipú, se rigen por el Protocolo sobre Relaciones Laborales y Seguridad Social”.
Hasta el momento la Corte aún no resolvió la acción.