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–¿Cuál es la fórmula que lo llevó a usted a condenar a los corruptos?
–La corrupción es para mí la madre de todas las desgracias que hay, por cuanto justifica, transversaliza la impunidad y otros fenómenos similares. Se exige un planteamiento claro y contundente frente a la expansión de la corrupción.
–¿Es inevitable la corrupción?
–Yo no soy partícipe de decir que es inevitable como algunos dicen, o que determinadas dosis de corrupción son necesarias para que funcione el sistema. Por el contrario, yo creo que la transparencia, la pureza de los mecanismos que gobiernan el desarrollo legislativo y de la propia sociedad, tanto pública como privadamente, es posible.
–¿Cómo?
–Es posible a través de una mayor participación de los ciudadanos con sus controles. Lo que ha sucedido durante mucho tiempo es que los ciudadanos han sido ajenos a cualquier conocimiento sobre el gobierno que se cierne sobre ellos. Eso, hoy día ya no puede ser. Los ciudadanos deben de participar y los jueces, que son ciudadanos y que son servidores públicos, tienen que tener la convicción de que no pueden ser partícipes de un sistema oscuro, de un sistema de clientelismo, sino que deben de reivindicar la situación que les corresponde como defensores, como garantes de los derechos de los ciudadanos. Y en esa garantía está la acción transparente, comprometida, decidida y lógicamente, con preparación científica, técnica y con la utilización de todas las herramientas que están descritas ya en la mayoría de los países para luchar contra la corrupción.
–Pero depende de las coyunturas también. ¿Usted fue favorecido por la coyuntura?
–Pero no tanto la coyuntura. En 32 años de ejercicio como juez he adelantado muchas investigaciones sobre la corrupción, sobre el crimen organizado, sobre el terrorismo... En casi todas, de una u otra forma aparecía siempre ese segmento de oscuridad oficial de participación en la corrupción. He adoptado criterios siempre al margen de la coyuntura política o de la coyuntura económica. Los jueces no son extraterrestres evidentemente. Viven en la sociedad, participan de la sociedad pero a la hora de tomar sus decisiones tienen que tener muy claro que no pueden ser acomodaticios, que no pueden hacerlo en función de esa coyuntura, sino de unos principios éticos que se refieren directamente a la protección de los ciudadanos. En ese sentido, la lucha contra la corrupción no puede tener coyuntura política. No puede tener coyuntura económica. Si es así no va a haber combate porque a ningún poder político ni económico le interesa cien por ciento que haya una clara acción judicial de investigación de la corrupción.
–Usted perdió su posición de juez. Lo destituyeron.
–Los jueces estamos para eso. No fuimos nombrados para guardar el asiento, de tal forma que no nos suceda nada. Debemos estar dispuestos incluso a perder nuestra posición de juez. Lo importante es actuar dentro de la legalidad.
–Lo acusaron de violar la ley, de haber prevaricado.
–Reitero. Yo actué dentro de la legalidad y lo volvería a hacer porque hay otros temas. Hay una discrepancia de interpretación clarísima entre lo que es un sistema de investigación y otro. El Tribunal Supremo discrepó de mí. Creó en la sentencia el delito por discrepancia de interpretación, lo cual jurídicamente es una aberración, pero yo no voy a entrar ya en la discusión jurídica que he tenido con el Tribunal Supremo español. He dicho muchas veces: respeto el sistema judicial. Discrepo profundamente de esa decisión, pero eso no me impide decir que el juez, para ser juez, tiene que defender a los ciudadanos. Tiene que investigar el delito, respetar las garantías y proteger a las víctimas. Y si en ese combate le cuesta también su posición u otra pérdida de derechos mayores, ese es el reto, ese es el riesgo.
–Lo acusaron de ordenar escuchas ilegales.
–Yo ordené la interceptación de comunicaciones entre los principales responsables de una red de corrupción, el mayor caso de corrupción que afecta hoy a la democracia española y que afecta directamente a cuadros, estructuras y personas del PP que están en el gobierno y las personas que se comunicaban con ellas desde la prisión, incluidos los abogados.
–¿Esas escuchas lo llevaron a recoger datos de esa corrupción?
–No. Ese fue un instrumento de investigación más que finalmente no se utilizó. Pero era evidentemente que los responsables de la red iban a utilizar personas fuera de la prisión para mover las cuentas que tenían en paraísos fiscales y en el extranjero. Y eso fue lo que yo intenté evitar. Obviamente, como después se comprobó, esas cuentas existían, esos movimientos se produjeron y se descubrió por ejemplo que el tesorero del PP tenía 44 y tantos millones de euros en (una cuenta en) Suiza. Por tanto, el juez a veces tiene que tomar esas decisiones, se puede equivocar, puede interpretar mal la norma y puede ser revocada su decisión, pero nunca debe actuar con miedo. Si actúa con miedo, las víctimas quedan desprotegidas, en este caso la sociedad.
–Su investigación tiene ramificaciones. Pide que comparezca el propio Presidente (Mariano Rajoy).
–El juez que actualmente continúa el caso está investigando en forma separada la Trama Gürtel, que es el caso principal, y la Trama Bárcenas, que es el apellido de esta persona que fue tesorero del PP y que apareció en unos documentos, donde aparecía una serie de cantidades supuestamente cobradas por responsables del PP y otras personas. Yo lo que he dicho en más de una ocasión es que todos los hechos están íntimamente relacionados y que deben ser objeto de una misma investigación. Y en esos documentos aparece quien es hoy presidente del gobierno (Mariano Rajoy) y que antes no lo era.
–¿Eso qué significa?
–Significa que está ahí y, por tanto, lo ideal es comparecer ante el juez y explicar por qué. Yo, cuando tuve que comparecer, comparecí. Di mi explicación. Fui atendido en un caso. No fui atendido en otro, pero en todo caso, lo que hice fue mostrar que el principio de igualdad ante la ley rige absolutamente para todos.
–¿Imputó a más de 80 dirigentes?
–No me acuerdo ya en este momento del número, pero ahora mismo creo que son unas 100 personas.
–¿Cómo se inicia una investigación de ese tipo y cómo se sostiene?
–Pues yendo al fondo del asunto, buscando cuáles son las tramas y en definitiva cómo se ha movido todo un magma de intereses, tráfico de influencias, de actividades ilícitas. Luego el juez, el fiscal tiene que cuadrar todo para presentar la hipótesis.
–¿El funcionario preso y condenado puede ser favorecido por una reducción de la pena si desenmascara a sus cómplices?
–No. En el sistema español no es posible que se produzca una prisión a los imputados. Están protegidos por sus abogados. Desde el principio hay transparencia, hay garantías contra la manipulación de cualquier tipo. Es un proceso muy abierto y más allá de la reflexión que el propio individuo pueda hacer en un momento determinado, no hay posibilidad de que se obtenga nada en forma ilícita. La cuestión es que los documentos han determinado, gracias a una labor muy importante por parte de la policía y de la judicatura, que ahí hubo una trama de corrupción muy profunda que se extendía como los tentáculos de un pulpo gigante, y que eso no es muy bueno para la democracia.
La política tiene que ser el espejo en el que se reflejen los ciudadanos. Si no es así, el sistema está fallando y nos encontramos con situaciones como las que está viviendo Paraguay, aquí ahora, con una contestación social muy potente como la que se ha vivido en otros países como España.
–Por lo visto, la gente se hartó de tanta impunidad.
–Eso tiene que percibirse por los componentes de la política, los que están dirigiendo al país, los que elaboran las leyes. Ellos tienen que saber que tienen que responder frente a los ciudadanos y no frente a los cuadros de su partido. Si los ciudadanos están exigiendo transparencia, hay que tener transparencia y hay que cambiar los paradigmas.
–¿Qué sugiere a los jueces paraguayos?
–Los jueces, en Paraguay o en cualquier parte del mundo tienen que cumplir con su obligación. Tienen que ser independientes, imparciales y vivir la justicia, no como un oficio sino como un auténtico servicio público.
–¿Es cierto que usted se prepara para ser la segunda alternativa política de la izquierda en España?
–No. Yo he dicho expresamente. España forma parte de una plataforma que se llama Plataforma Cívica que la planteamos un día 3 de julio de este año, públicamente, un grupo de juristas, intelectuales, periodistas, personajes de la política, ciudadanos normales y corrientes, de cualquier profesión u oficio, en la que hemos reclamado a todos aquellos que tengan un interés en un sistema progresista de la política en España, que deben buscar los puntos de encuentro para generar una plataforma y una opción electoral que haga frente al partido conservador PP.
He añadido algo importante que normalmente se omite: que yo no voy a ser parte de ninguna candidatura, que no me voy a presentar por ningún partido ni asamblea en las elecciones del Parlamento europeo, pero que sí voy a apoyar a los que mantengan este ideario de transparencia, de defensa de lo público, de defensa de la sanidad, de la educación, de recuperación del Estado de Derecho, el bienestar, consolidación de las instituciones democráticas, contrato electoral, participación de los ciudadanos en la política, es decir, un cambio de paradigma efectivo de la política tradicional y de aprovechamiento de la misma.
–¿Y si le piden?
–No. Ya he dicho que no.
–¿Usted se considera un exiliado (en Argentina)?
–No. Yo me considero un privilegiado, por poder estar por ejemplo hoy aquí en Paraguay y en Latinoamérica, de modo que estoy muy bien.
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