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Asimismo, la República del Paraguay, mediante la Ley N° 1/89, ha aprobado y ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 13 dispone en su parte pertinente: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento a su elección. 2 El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) El respeto a los derechos la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud moral públicas”.
Derechos civiles
Luego, mediante la Ley N° 5/92, se ha aprobado la adhesión efectuada por nuestro país al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 19 prevé: “1. Nadie podrá ser molestado por sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras....”.
Esto señala la Corte Suprema de Justicia en el Acuerdo y Sentencia N° 1306 del 15 de octubre de 2013 en el expediente “Defensoría del Pueblo contra Municipalidad de San Lorenzo. El preopinante fue el ministro Antonio Fretes.
En el fallo se obligó a la Comuna a entregar los datos respecto a los salarios de los funcionarios, a lo cual se había negado.
La sentencia del alto tribunal de la República, luego sirvió de base a la ley de libre acceso a información pública, que ahora los miembros del Consejo de la Magistratura desconocen y se niegan a dar información.