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Pese a las críticas generalizadas en diversos sectores de la sociedad y en las redes sociales, los senadores de Colorado Añetete Silvio Ovelar y Óscar Salomón dijeron no estar arrepentidos de haber aprobado el proyecto de ley que reglamentó la pérdida de investidura haciendo casi imposible su aplicación.
“Estoy convencido de que aprobamos lo correcto”, afirmó “Beto” Ovelar, líder de la bancada de Añetete. Agregó que “hay mucha gente que ahora trata de esconder la mano luego de haber tirado la piedra”. Indicó que, particularmente, cuando se equivoca, no tiene problemas en pedir disculpas, como lo ha hecho públicamente. Sin embargo, sostuvo que este no es el caso porque considera que la ley que aprobaron correspondía.
Ovelar afirmó que cuando ocurra un hecho doloso muy evidente de parte de algún parlamentario, habrá más de 30 votos para sancionarlo con la pérdida de investidura.
Sobre el hecho que no podrán aplicar esta medida mientras no haya sentencia judicial, Ovelar dijo que él no interpretó de esa manera lo aprobado.
Según el legislador, en definitiva será el Senado quien tomará la decisión de sancionarlo y de dejarlo sin fueros, en caso que la Justicia lo requiera. También dijo que el Senado decidirá si deja de ser senador.
Según Ovelar, el párrafo que señala que “se respetarán las normas penales vigentes” no significa que es necesaria una sentencia firme y ejecutoriada. Insistió en que de existir un hecho alevoso, como el fue de los audios de Oscar González Daher, y hay más de 30 votos, el afectado perderá la investidura y su condición de senador.
Aplausos
En tanto, el senador “Cachito” Salomón señaló categóricamente no estar arrepentido de haber votado para aprobar el autoblindaje.
Consultado si no le afectaban las críticas generalizada de la ciudadanía a la ley, Salomón dijo “hay un grupo que critica y un grupo que aplaude”. Se le consultó quienes específicamente aplauden la ley, el legislador de Añetete afirmó “hay gente que nos llamaron a felicitarnos por la postura”.
Salomón dijo que no compartía la interpretación de que hace falta una sentencia judicial firme para aplicar la pérdida de investidura.
Hasta ayer, el Congreso no había remitido aún al Ejecutivo la ley que reglamenta el artículo 201 de la Constitución de la pérdida de investidura. Una vez que la reciba, el presidente de la República tendrá seis días hábiles para promulgar o vetar la normativa (art. 205 de la CN). En caso que decida vetar totalmente la ley, la misma vuelve al Congreso, donde primero deberá ser analizada por la Cámara de Diputados y luego por el Senado. En ambas instancias, los parlamentarias necesitarán de mayoría absoluta (41 y 23 votos, respectivamente) para ratificarse en la aprobación. En el caso de conseguir esa cantidad de votos, el Poder Ejecutivo está obligado a promulgar la ley y la misma entrará en vigencia.