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“El peligro en la demora existe desde el momento en que luego del acto ilegal de autoproclamarse y sesionar en secreto en un lugar distinto a la sala de sesiones implica la posible realización de otros actos del mismo tenor que provocan inseguridad jurídica en la sociedad y afectan seriamente el Estado de derecho”, dice parte del escrito en que se solicita a la Corte que como medida de urgencia suspenda los efectos de una resolución tomada por 25 senadores el pasado martes.
Esta parte del escrito alude a que estos senadores si fueron capaces de tomar una decisión ilegítima desconociendo a las autoridades de la Cámara Alta, también podrían aprobar la enmienda para la reelección, aunque sea inconstitucional.
El escrito refiere que el artículo 184 de la Constitución Nacional establece que es atribución del presidente de la Cámara de Senadores la convocatoria a sesiones extraordinarias y podrá hacerlo en el término perentorio de 48 horas.
Recuerda que la Cámara de Senadores tiene actualmente como presidente a Robert Acevedo, como vices primero y segundo, respectivamente, a Eduardo Petta y Julio César Velázquez.
En el texto se menciona que un grupo de 25 senadores encabezados por Julio César Velázquez atropelló el recinto del Senado, para tratar el cambio de reglamento interno, pese a que Acevedo había resuelto que esa sesión se realizaría el 30 de marzo a las 8:30.
“Aproximadamente, a las 10:40, de manera repentina e imprevista, el senador Julio César Velázquez Tillería comenzó a hablar (sin que se haya dado inicio a sesión alguna) y procedió por si, y ante sí, a dar entrada al proyecto y a girarlo a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos.
Refiere que se le advirtió que estaban presentes el presidente y el vicepresidente primero, por ende lo que hacía era ilegítimo. “Aún con esta advertencia el senador Julio Velázquez hizo caso omiso y dio por terminado el acto. No levantó la sesión porque en el “copiatín” que le suministraron olvidaron incluir el inicio y el levantamiento de la sesión, figuras que por lo visto le resultan extrañas e innecesarias a quienes hacen del atraco un modo de acción política”, dice el texto en el que se pide que la acción sea resuelta por los 9 ministros de la Corte.