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Así como el lunes el senador Dionisio Amarilla formó parte de un plan para “desinflar” denuncias periodísticas contra Security Service Tecnology - SST, de su “partner de facultad” Óscar Chamorro Lafarja; ya en el año 2016 el entonces diputado utilizaba sus influencias como legislador para presionar sobre la competencia de Chamorro en las licitaciones públicas.
Según documentos de la Cámara de Diputados, el 21 de setiembre de 2016 Amarilla remitió al entonces presidente de la Cámara Baja, Hugo Velázquez, varios proyectos de resolución para pedir informes a instituciones públicas respecto a la empresa de seguridad privada Tapiti SRL, de los comisarios retirados Vidal y Viviano Machado.
El argumento de Dionisio Amarilla era que había recibido en su oficina denuncias sobre “graves irregularidades e incumplimientos de las normas laborales por parte de la empresa de seguridad privada Tapiti SRL”. Alegaba el legislador que Tapiti tenía contratos con el Ministerio de Salud y ANDE, pero no pagaba en tiempo y forma a sus empleados.
Amarilla requirió informes al Instituto de Previsión Social (IPS), a Contrataciones Públicas y al Ministerio del Trabajo. Sin embargo, denuncias sobre violaciones de obligaciones con sus empleados ya pesaban desde mucho antes también sobre la firma de su “partner”, Security Service Tecnology, de Óscar Chamorro Lafarja, que en ese momento tenía millonarios contratos con la ANDE, el Ministerio de Salud, la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia, entre otros entes.
De hecho, el 15 de setiembre de 2016, días antes del requerimiento de Amarilla, el entonces Viceministerio del Trabajo obligó a la empresa SST a pagar G. 2.300 millones por incumplir el Código Laboral. La sanción fue después de un informe elaborado por Telefuturo y Última Hora. Pese a ello, el diputado liberal no pidió reportes sobre la firma de su amigo. Tapiti, de los hermanos Machado, es competencia de Chamorro en las licitaciones públicas, lo que queda de manifiesto incluso en menciones en los audios difundidos por nuestro diario.
Un pacto para “desinflar”
Con el mismo esquema, el senador Amarilla intermedió en un plan para “desinflar” publicaciones periodísticas que denunciaban irregularidades en una licitación del IPS a favor de la firma de su “partner” de facultad, Óscar Chamorro Lafarja.
El lunes por la noche, el periodista Juan Carlos Lezcano fue convocado de urgencia a la oficina de la productora María Luz Peña, con quien trabajaba. El reportero documentó todo lo que ocurría con su teléfono celular. Primero Peña le ofreció dinero para pagar 10 de las cuotas que adeuda por el automóvil que retiró. También le ofreció trabajo para la novia. Todo a cambio de “desinflar” las denuncias que ABC venía realizando sobre irregularidades en una millonaria licitación del IPS a favor de SST.
Tras esta oferta, Peña llevó a Lezcano a la sala de reuniones, donde lo aguardaban el senador Dionisio Amarilla y el dueño de SST, Óscar Chamorro Lafarja. En las filmaciones se escucha al legislador decir que hay que arreglar lo “mediático” y dando indicaciones para que al día siguiente se “afine” lo que se deba afinar. El martes, Peña entregó a Lezcano un sobre que contenía G. 40 millones en efectivo.
“Hable con mi abogada”
Llamamos al senador Dionisio Amarilla para saber cuántos pedidos de informe sobre empresas de seguridad realizó como legislador y si llegó a solicitar datos también acerca de firmas pertenecientes a Chamorro Lafarja. Dijo que sus solicitudes las hizo porque la Constitución Nacional le ampara y que no recuerda lo que llegó a requerir. Ante la insistencia dijo que, tras la demanda entablada contra el colega Lezcano, debemos hablar con su abogada.