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La moción y el voto de José María Cabral, decano de Derecho de la Universidad Católica, fueron clave para desactivar la pretensión del Senado de llamar a concurso.
Cabral fundamentó su voto en que el artículo 34 del Consejo señala que la Corte Suprema es la que debe comunicar las vacancias.
En este caso fue el Senado el que comunicó las vacancias y la Corte respondió con una nota en la cual negaba tal situación.
El presidente del Consejo, Cristóbal Sánchez, fue el que terminó inclinando la balanza, al adherirse a la postura de Cabral, con el argumento de que el Consejo obró en ese sentido, las veces que se trató el tema de la Corte.
Previamente los dos consejeros colorados, Víctor Núñez, presidente de la Corte, y Adrián Salas adelantaron su postura de rechazar la comunicación del Senado. Ambos luego se adhirieron a la moción de Cabral.
El senador Miguel Abdón Saguier y el diputado Gustavo Mussi votaron por el llamado a concurso.
La postura de Mussi sorprendió, ya que tenía un mandato de la Cámara Baja de votar por el rechazo de la comunicación del Senado.
Mientras que la representante del Poder Ejecutivo Estela Kobs intentó dilatar una resolución, con un pedido de dictamen externo que no tuvo acompañamiento.
Fundamentó que el Consejo no tiene como función resolver la crisis de poderes.
Tanto la intervención de Kobs como la de Mussi se dieron cuando ya estaba definida la cuestión, con la clara percepción de que la postura de ambos en nada iba a cambiar la resolución que era inminente.
La sesión que se inició a las 16:00 duró cuatro horas, con una fuerte intervención y posturas encontradas por parte de Núñez y Saguier, que tuvo como eje central la sentencia de inamovilidad de los ministros. Cabral y Sánchez basaron sus argumentos en la ley del Consejo.
Salas, Kobs y Mussi fueron más breves.
El artículo 34 de la Ley 296
El artículo 34 de la Ley N° 296/94 que organiza el Consejo de la Magistratura señala que solo el presidente de la Corte Suprema de Justicia puede comunicar la vacancia en el alto tribunal, en un plazo de 3 días.
“Producida una vacancia en la Corte Suprema de Justicia, su presidente comunicará el hecho al Consejo, en el plazo perentorio de 3 (tres) días”, dice textualmente.
Este es el argumento en el que se basó el Consejo para rechazar el pedido del Senado.
Llegarán hasta la OEA
Pese a la decisión tomada por el Consejo, tanto el senador Miguel Abdón Saguier como el presidente de la Corte Víctor Núñez anunciaron que comunicarán todo lo ocurrido a la Organización de Estados Americanos.
Saguier viajará con un grupo de senadores este jueves a Washington.
Mientras que la Corte Suprema, vía Poder Ejecutivo, remitió los antecedentes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ambos hicieron la confirmación a radio Ñandutí.
Decisión causó euforia, abucheos e insultos
Desde la siesta los funcionarios judiciales provenientes desde distintos puntos del país llegaron hasta frente a la Escuela Judicial, en donde se realizó la sesión.
La presencia de los manifestantes, según se pudo ver, fue organizada, ya que llegaron desde distintos puntos del país en ómnibus y en vehículos particulares. Para el almuerzo, se sirvieron comidas que recibían en platos.
Si bien no todo pasaba de una manifestación, hubo excesos verbales contra el senador Miguel Saguier, a quien lo trataron de borracho, así como también insultos contra la representante de la Coordinadora de Abogadas del Paraguay Katya González, quien lideraba un reducido grupo que pedía que el Consejo haga efectivo el cambio de ministros.
Al terminar la sesión volvieron a abuchear a Saguier cuando salía. El senador, como lo hizo al llegar a la Escuela Judicial, se acercó a los manifestantes, protegido por policías, y los saludó en forma irónica. Al diputado Gustavo Mussi le lanzaron botellas con agua que no le llegaron a impactar.
Los manifestantes siguieron la sesión a través de una pantalla colocada en el patio de la Escuela, que fue dispuesta por el ministro Víctor Núñez, según fuentes del Consejo.
LAS POSTURAS DE LOS CONSEJEROS DURANTE LA SESIÓN DE AYER
Respetar fallos de la justicia
El presidente de la Corte, Víctor Núñez, fue el primero en exponer su postura.
Recordó que una crisis similar ya se registró en 1999, cuando el Senado no confirmó a los entonces ministros Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes y Enrique Sosa.
Dijo que en aquella ocasión, la Cámara de Diputados, presidida por el hoy senador Efraín Alegre, se pronunció en contra de lo que hizo el Senado.
Núñez manifestó que en aquella ocasión, el Consejo resolvió respetar el fallo de la Corte y por eso no llamó a concurso alguno.
Apuntó que el entonces miembro, hoy senador, Marcelo Duarte, votó que se tenía que rechazar la comunicación de vacancia que hizo el Senado.
Facultad de confirmar
Miguel Abdón Saguier, representante de la Cámara de Senadores, sostuvo que el Consejo tenía que llamar a concurso para siete cargos vacantes en la Corte. Fue el tercero en hablar en la sesión.
El legislador entregó una grabación de la audiencia pública a cinco actuales ministros, quienes antes de ser designados aseguraron que los integrantes del alto tribunal duran cinco años en el cargo.
Fueron los doctores Sindulfo Blanco, Alicia Pucheta, Raúl Torres Kirmser, Óscar Bajac y César Garay.
Saguier hizo una fuerte defensa, más política que jurídica, de la resolución del Senado. Insistió en que la Cámara Alta tiene la facultad de confirmar o no a los ministros de la máxima instancia.
Una escueta exposición
Adrián Salas, que integra el Consejo por el gremio de abogados, manifestó que hacía su exposición como un “abogado de pasillo”.
El letrado no habló mucho y apuntó que “es improcedente la comunicación del Senado” e instó a sus colegas a rechazar el llamado a concurso para la Corte.
Salas manifestó que la comunicación que se tiene que tener en cuenta es la del máximo tribunal, que señala que no existen vacancias.
Señaló que hay un hecho controvertido, porque por un lado se tiene la resolución del Senado y, por el otro, la del alto tribunal.
Su postura fue coincidente con la de los gremios de abogados, que condenan la decisión del Senado y aseguran que los ministros son inamovibles.
Se basó en la ley orgánica
José María Cabral, representante de la Universidad Católica, fue el más claro y contundente en su intervención. Se basó en la Constitución, el Código Civil y la ley que organiza el Consejo, para votar por el rechazo de la comunicación del Senado.
Cabral apuntó que el artículo 34 de la Ley Orgánica del Consejo señala que la comunicación de la vacancia en la Corte la debe hacer el titular del alto tribunal en un plazo de tres días.
Su postura fue totalmente jurídica y enumeró varios artículos de la Carta Magna y del Código Civil.
Cabral solo habló del tema central de la sesión, que era analizar las dos comunicaciones. No perdió su tiempo para exponer sobre la inamovilidad o no de los ministros de la Corte.
Enumeró los antecedentes
El presidente del Consejo, Cristóbal Sánchez, dijo que el órgano que preside y la mayoría de sus actuales miembros se vienen ocupando del tema desde los años 2007, 2008 y 2009.
Recordó que el primer caso fue el del ministro Antonio Fretes, quien accionó al no ser confirmado por el Senado. En aquella ocasión, el Consejo resolvió no llamar a concurso cuando se le notificó de la medida de urgencia que dictó la máxima instancia.
Luego citó el caso del ministro Víctor Núñez, en el que también el Consejo respetó la decisión de la Corte.
Igualmente hizo alusión a la medida judicial que favoreció al ministro César Garay. Con base en estos antecedentes votó por rechazar el llamado a concurso.
Dictamen de un jurista
Estela Kobs, representante del Poder Ejecutivo, no se anotó para el debate, pero luego pidió hablar.
Señaló que “quiero dejar en claro que nada está claro”.
Su postura fue que el Consejo pida un dictamen externo, antes de que los consejeros se expidan sobre el tema.
Señaló que se dio una crisis entre el Senado y la Corte, pero que el Consejo no era el órgano para solucionar esta difícil situación.
Manifestó que se ilustró con las exposiciones del senador Saguier y la del ministro Núñez, pero que tenía una serie de preguntas sin respuestas.
Por ejemplo, dijo qué pasa si el presidente de la Corte nunca comunica una vacancia. Agregó que la ley no prevé una salida.
Ignoró mandato de Diputados
Gustavo Mussi, representante de la Cámara de Diputados, fue el último en hacer uso de palabra. Leyó la declaración que sacaron sus colegas contra la decisión del Senado y manifestó que se tenía que defender al Consejo.
Recordó que él y su colega diputado José López (en el Jurado) fueron víctimas de la injusticia, cuando fueron removidos sin que se cumplieran sus mandatos. Agregó que recurrieron a la Corte y que no hubo respuesta.
Incluso recordó al testigo falso del caso Argaña, Gumercindo Aguilar, y a un fiscal (Marco Alcaraz), que en principio no había sido incluido en la terna para su confirmación, pero que después lo ternaron cuando él salió.
Fue el único que apoyó a Saguier.
Senador opina que ahora resta el juicio
El juicio político es la única vía constitucional que resta ahora a la clase política para intentar mejorar la Justicia, señaló anoche el senador colorado Hugo Estigarribia, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El parlamentario opositor sostuvo que el rechazo del Consejo de la Magistratura a la comunicación de vacancia en la Corte Suprema de Justicia, hecha por el Senado, “ratifica la vigencia de la Constitución y preserva la institucionalidad del país con base en el cumplimiento de la ley”.
Instó a los partidos que se aliaron en el Senado para intentar destituir a siete miembros del máximo tribunal del país, en un procedimiento ilegal, que por una cuestión de coherencia de inmediato inicien los procedimientos del juicio político en la Cámara de Diputados.
Estigarribia sostuvo que es importante mantener la discusión sobre la búsqueda de una mejor justicia, porque este es un reclamo de la ciudadanía.
Celebró que el Partido Colorado haya planteado la vía del diálogo para hablar de la renovación judicial, aunque sostuvo que todo debe encaminarse por el camino de la ley y que es el enjuiciamiento político de los miembros de la Corte.
El legislador pidió que los miembros de la Corte no hagan oídos sordos a lo ocurrido, porque la crisis generada con la decisión del Senado fue una “expresión nada más del hartazgo no solamente de los sectores políticos sino de la ciudadanía que anhela una mejor justicia”. Una alianza circunstancial de liberales, oviedistas, patriaqueridistas y luguistas logró que el Senado aprobara una resolución el 12 de abril pasado por la que resuelve no confirmar en sus cargos a siete miembros de la Corte y comunicó al Consejo de la Magistratura la existencia de vacancias.
Critican postura de la UC y del Ejecutivo
El senador de Patria Querida (PQ) Marcelo Duarte criticó anoche la postura ambigua que asumió la representante del Ejecutivo, Estela Kobs, así como el voto en contra a la resolución del Senado, emitido por el representante de la Universidad Católica (UC), José Ma. Cabral. “Esta es la oportunidad (mediante juicio político) para que la ciudadanía conozca cuál es la verdadera vocación política más allá de los discursos que tengan cada partido, incluso el mismo Ejecutivo que su representante hoy (ayer) tuvo una posición intermedia, y el representante de la Católica que también es reflejo de lo que piensa la Iglesia como institución, asumir una posición política”, indicó.
Resaltó que, pese a no coincidir, respetarán la decisión emanada ayer por el Consejo de la Magistratura, y que si existe voluntad política se podría impulsar el juicio político contra los ministros de la Corte.
Recordó que PQ en varias ocasiones ya presentó pedido de juicio que resultó infructuoso, aunque no quiso resignar posibilidades en este caso hasta hablar con los líderes de los partidos.
Es la posición más sensata, dice Gonzalo
El ex senador liberal Gonzalo Quintana señaló anoche que la resolución del Consejo de la Magistratura, por la que se acogió al Art. 34 de la Ley 263, fue “lo más sensato”.
“La postura adoptada fue la única sensata y políticamente correcta, además de jurídicamente válida. Se cometió la barbaridad de poner a consideración de un organismo extrapoder el comportamiento de dos poderes del Estado”, señaló el ex legislador.
Indicó además que se aceptó como válida la posibilidad de que el Consejo de la Magistratura interprete la Constitución, por encima de la Corte, y convalide o no la resolución de una de las Cámaras del Congreso. “Ni en un país africano pasa eso”, destacó.
Sin embargo, Quintana criticó la postura de la representante del Ejecutivo (Estela Kobs): “Lo más impresentable y que sería inconcebible en un país serio es que la representante del Ejecutivo coloque la interpretación de nuestra Constitución, del funcionamiento de las instituciones de la República, en manos de un extranjero”.
Jaeggli propone “sacar a patadas” a los ministros
El senador liberal Alfredo Jaeggli dijo anoche que, tras la decisión del Consejo de la Magistratura, a la que calificó de “barbaridad”, no queda otra alternativa que radicalizar las posturas. “Hay que sacar a patadas a estos bárbaros”, afirmó, refiriéndose a los miembros de la Corte. Indicó que la vía ahora debe ser el juicio político.
El legislador dijo que es imperioso que se cambie a estos ministros, al menos si queremos que nuestro país avance.
Consideró que lo hecho por el senador Miguel Abdón Saguier fue totalmente legal, aunque no haya triunfado, porque además se llamó la atención de la ciudadanía sobre la gravedad de este tema.
Sobre el juicio político, dijo que se debe convencer a los diputados y consideró que “nadie querrá defender a esta Corte corrupta”.
Oficialismo intentará ahora impulsar juicio político a ministros de la Corte
La vía que le resta al oficialismo es la de impulsar el juicio político a los miembros de la Corte, señaló anoche el senador Alberto Grillón (PPS), uno de los operadores del luguismo. El legislador había revelado antes que de hecho existen ya conversaciones con colorados para cambiar a cuatro ministros.
Grillón, apenas minutos después de conocerse la decisión del Consejo, dijo que ahora queda la vía del juicio político para lograr la renovación de la Corte. Se excusó de adelantar cuáles serán las bases para una negociación, señalando que debían conversar con los otros sectores políticos que respaldan al oficialismo.
El legislador admitió que la decisión del Consejo de la Magistratura de aceptar la postura de la Corte en el sentido que no hay vacancias en el máximo tribunal, les causó decepción. Apuntó que, lamentablemente, continuará la situación de ilegalidad en la que se encuentra desde el 2009 el Poder Judicial, con siete ministros de la Corte cuyo mandato ya feneció, pero que se mantienen a través de una acción de inconstitucionalidad que contradice a la Constitución.
Negociación
En horas de la mañana de ayer, Grillón reveló que en conversaciones con la titular de la ANR, Lilian Samaniego, se habló de cambiar a cuatro ministros de la Corte: dos liberales (serían Blanco y Bajac) y dos colorados. Sixto Pereira (Tekojoja) dijo no saber de ese diálogo.
Según Grillón, las negociaciones para una renovación parcial de la Corte están “en una etapa embrionaria”. En cuanto a los liberales que serían cambiados, Grillón dijo que es obvio quiénes serían, ya que los dos únicos que están cuestionados son Miguel Bajac y Sindulfo Blanco. En cuanto a los colorados, dijo desconocer nombres porque eso lo definirá ese sector político. El legislador afirmó que este fue un planteo de la presidenta de la ANR.
Ante una consulta, no descartó que sean reemplazados por candidatos propuestos por esos mismos partidos, pero que tengan un mejor perfil que los actuales.
En cuanto al plazo para la concreción de los cambios, dijo que dependerá de la voluntad política que haya para acelerarlo.
Indicó que también hubo conversaciones “informales” entre colegas senadores sobre la necesidad de un cambio que no pase solamente por nombres, sino por una renovación más profunda que permita tener una Corte Suprema de Justicia de gente “idónea y honorable”.
Apuntó que los colorados plantean también que una renovación estructural se defina en el próximo gobierno, luego de 2013 y que los partidos se comprometan a respaldar el llamado a una Convención Nacional Constituyente para la reforma constitucional. Grillón dijo que hay coincidencia en el hecho de que se prioricen la idoneidad y la honorabilidad de los candidatos antes que nada y no su pertenencia partidaria.
Sixto desconoce
Consultado sobre el presunto acuerdo para el cambio de cuatro ministros, el senador oficialista Sixto Pereira (Tekojoja) dijo que no tenía información al respecto y que el planteamiento es que siete ministros tienen el mandato vencido.
Apuntó que tampoco sabía de dónde salió esa versión hecha pública por el senador Grillón, pero no descartó que pueda haber propuestas de sectores políticos. Consideró que lo importante es una reforma estructural.
La vía sería el juicio político
En caso de arribarse a un acuerdo político entre los sectores con representación en el Senado, se podría impulsar ahora una renovación parcial de la Corte, por vía del juicio político que deje afuera a los ministros de peor actuación e imagen. En tanto, una renovación profunda se impulsaría recién durante el próximo período presidencial, según la propuesta del Partido Colorado. Según versiones, esta renovación parcial afectaría a Miguel Bajac y Sindulfo Blanco (liberales) y a Víctor Núñez y Antonio Fretes (colorados). La propuesta es que los reemplacen candidatos de la misma tendencia partidaria. Sin embargo, no todos los sectores políticos estarían dispuestos a una salida de esta clase.
En el 2004 admitieron no ser inamovibles, luego cambiaron
En una audiencia pública, el 13 de marzo de 2004, los entonces candidatos a miembros de la Corte: Blanco, Bajac, Pucheta, Garay y Torres Kirmser juraron que estarían en el cargo por 5 años y luego debían ser reconfirmados. En el 2009, olvidaron sus palabras y se declararon ellos mismos inamovibles.
José Altamirano, Sindulfo Blanco, Óscar Miguel Bajac, Raúl Torres Kirmser, Alicia Pucheta y César Garay Zuccolillo comparecieron en una sesión pública el 13 de marzo de 2004. Todos integraban algunas de las seis ternas de candidatos que el Consejo de la Magistratura remitió al Senado para llenar las vacancias que el juicio político había creado el año anterior.
Para entonces, el tema de la inamovilidad ya era motivo de fuerte polémica, ya que una sentencia de la Corte había declarado que los ministros, una vez nombrados, eran vitalicios en el cargo y solamente podían ser removidos por juicio político o al cumplir 75 años. La pregunta obligada a todos los aspirantes fue qué pensaban respecto a esa sentencia, por cuánto tiempo eran nombrados y si necesitaban o no confirmación del Senado. Todos respondieron igual. El único que mantuvo su palabra fue Altamirano.
Estas son parte de las respuestas que obran en el archivo del Congreso:
Bajac: He dicho a mis amigos, he dicho a mi familia que yo pienso estar cinco años en la Corte y en esos cinco años pienso justificarme, a mis amigos y a las personas que confiaron en mí, creo que en 5 años se puede hacer un buen papel si hay deseos de trabajar, de poner el grano de arena para mejorar la Justicia”.
Blanco: En lo que hace a la sentencia de la Corte Suprema, para mí esa sentencia puede entrar en la categoría de lo que se denomina sentencia para el olvido, es una casuística, un caso aislado, que creo que va a desaparecer muy pronto cuando la Convención Constituyente o este mismo Parlamento tome la iniciativa para hacer la reforma constitucional y poner letras claras en esa normativa dado que el vitaliciado es lo que siempre toda la ciudadanía ha repudiado.
Pucheta: Sobre la inamovilidad, la misma Constitución señala que los magistrados deben ser elegidos cada 5 años. En estos 5 años se tiene inamovilidad de grado y no puede ser trasladado sin su consentimiento, pero para acceder a la inamovilidad en cuanto a su función debe haber sido reconfirmado por dos periodos consecutivos. Estoy con lo que manda la Constitución.
Torres Kirmser: “Pienso que (un ministro) debe cesar en su función a los 5 años, salvo que sea confirmado y, si llegara a ser confirmado por dos periodos siguientes adquiriría la inamovilidad”.
Una flagrante contradicción
La postura que expresaron los ministros cuando querían asumir el cargo fue contundente: no eran inamovibles, debían ser reconfirmados. El ministro César Garay llegó a decir que en ninguna parte de la Constitución dice que los ministros de la Corte son inamovibles al asumir el cargo por primera vez. Sin embargo, cuando les llegó su turno, percibieron que el ambiente político era favorable a sus intenciones de quedarse por tiempo indefinido en el cargo y se autoconfirmaron. Lo que nunca explicaron es cómo fue que cambiaron tan drásticamente de pensamiento respecto a lo que consideraban antes de ser ministros.
El Poder Ejecutivo queda mudo al no prosperar las vacancias en la Corte
El Poder Ejecutivo quedó mudo ayer al rechazar el Consejo de la Magistratura las vacancias resueltas por la Cámara de Senadores para siete de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia. La representante del Ejecutivo, Estela Kobs, planteó una tercera posibilidad de arreglo que no prosperó entre sus colegas del Consejo.
Kobs llevó la postura del Gobierno de Lugo en la maratónica reunión que se inició a la tarde y concluyó a la noche.
Los referentes del Ejecutivo se mantuvieron en silencio y prefirieron esperar hoy para brindar una opinión aunque la postura generalizada es impulsar un juicio político, ajustándose a la Constitución nacional.
Critican mediación
Como ex obispo católico, el presidente Fernando Lugo “se aferró a Dios”. Sin embargo, el ministro de Educación y Cultura, Víctor Ríos (liberal), criticó ayer la iniciativa de la titular del Partido Colorado, Lilian Samaniego, de solicitar la mediación de la Iglesia en un conflicto político-jurídico.
Indicó que este tipo de situaciones se daban en la época medieval.
“La clase política tiene que tener la suficiente madurez para solucionar los problemas políticos sin tener que recurrir a actores externos, no hay que olvidar que esta es una República laica donde el Estado y la Iglesia están separados. En la Edad Media sí estaba mezclado el Estado con la Iglesia y uno para ser rey tenía que tener la bendición del Papa”, expresó Ríos.
En cambio, para Lugo es “siempre importante que órganos que no tengan intereses políticos puedan mediar”.
Apenas un llamado a concurso, dice Lino
Lino Oviedo afirmó ayer que no hubo destitución de miembros de la Corte, sino una convocatoria a concurso para que los mismos sigan en sus cargos, si son buenos.
El presidente del Partido Unace, tras participar en la víspera del acto de festejo de la Caballería, dijo a la prensa que “se manipula un poco” la resolución del Senado, que pretende destituir a siete miembros de la Corte Suprema de Justicia, porque la decisión fue solamente “un pedido de que se llame a concurso”. “Si son buenos, serán reelectos (los miembros de la Corte) y si no son buenos, no serán reelectos”, complementó el político.
El general retirado de esta forma defendió la postura de la Cámara Alta, actualmente presidida por el senador de Unace, Jorge Oviedo Matto, quien fue uno de los propulsores de la polémica resolución del 12 de abril pasado y que ha generado una crisis de poderes.
Oviedo en forma reiterada trató de minimizar el problema político al sostener que no pasa “de un impasse circunstancial” que muy pronto se subsanará.
El titular de Unace, si bien decía que no podía opinar porque es un lego en materia legal, destacó que ya existen antecedentes y jurisprudencia en el sentido en que ha obrado el Senado. La Cámara Alta resolvió “no confirmar en sus cargos” a siete ministros del máximo tribunal del país y pidió al Consejo de la Magistratura que inicie los trámites para el llenado de las vacancias.
Oviedo celebró la iniciativa de pedir la mediación de la Iglesia Católica y cree que esta institución religiosa podrá ayudar para superar la crisis.
También se mostró de acuerdo con la idea de llamar a una constituyente para reformar la Constitución. Argumentó que le ley fundamental, redactada para evitar el regreso de los mesiánicos, debe ser actualizada, aunque no sabe en qué tiempo.
La crisis exige un “acuerdo político”
El problema entre el Senado y la Corte Suprema exige un acuerdo de los partidos políticos para evitar que agudice la crisis, según dijo ayer Miguel Ángel López Perito.
“Si hay acuerdo entre los partidos se puede tomar cualquier medida”, manifestó el secretario del Gabinete Civil de la Presidencia de la República.
Entendió en el impasse dado entre la cúpula del Poder Judicial y la Cámara Alta del Congreso existen “dos componentes”, el jurídico y político, que generan posiciones contrapuestas entre las partes.
“A los argumentos que esgrimió el Senado se oponen otros argumentos constitucionales, hay diferencias de posiciones”, argumentó el ministro López Perito antes de señalar que también existe un consenso sobre la necesidad de realizar cambios en la administración de justicia.
“Honestamente, existe la decisión, la posición de la gente, la percepción de que tiene que haber cambios” en el Poder Judicial, indicó el funcionario gubernamental.
“Yo pienso que políticamente en general, los partidos en general, aceptan que tiene que haber cambios” y que los representantes de las organizaciones políticas “aceptan que hay que avanzar” para llevar adelante la renovación judicial.
Dijo que el método o la vía tomada por la Cámara de Senadores para implementar los cambios, declarando cesante a siete ministros, “no fue la más adecuada” y que ante esa situación se debería plantear “algo en lo que todo el mundo esté de acuerdo”.
Admitió que el juicio político es la “vía constitucional” para realizar los cambios en la administración de Justicia, el secretario presidencial advirtió que para concretar ese proceso también debe existir un acuerdo de los partidos políticos que cuentan con representación en el Congreso.
Los propietarios de la Corte deben terminar, dice Cartes
Debe terminar la época de los arreglos entre cuatro paredes y de los propietarios de ministros de la Corte, afirmó ayer el aspirante presidencial colorado Horacio Cartes, tras un encuentro político en Caaguazú.
Cartes dijo a la prensa que los políticos deben ser más transparentes porque “el pueblo está cansado de los arreglos entre cuatro paredes” y que además “tiene que pasar ya esa época en que tengamos propietarios de ministros de la Corte Suprema de Justicia, que respondan a uno o a otro”. “Acá tienen que responder parlamentarios, políticos y Justicia, a la ciudadanía”, agregó y fue al referirse a la resolución del Senado que quiere dejar cesantes a siete miembros de la Corte.
El precandidato presidencial dijo que no tiene “dudas de que todo lo que hicieron ahora en el Senado, el procedimiento estuvo equivocado”. Indicó que “sin ser un hombre de derecho”, pero basado en consultas con profesionales de la ley, puede decir que “prácticamente se ha roto el Estado de Derecho” en nuestro país.
El empresario devenido a político aseguró que comparte los cuestionamientos de la ciudadanía a los políticos y al Poder Judicial, por lo que instó a no actuar más a espaldas de la gente. “Acá no importan partidos políticos, acá no es cuestión de colorados, liberales, patriaqueridistas ni de Unace, ni nadie. Acá el problema está en que la ciudadanía no cree en nosotros”, puntualizó.
Finalmente, Cartes propuso que todos los actores políticos asuman un “gran compromiso” ante la ciudadanía de llevar adelante los mecanismos necesarios para elegir a “los mejores hombres, que sean de los partidos que sean, pero no que respondan a personas ni a políticos”. “Ese es el reclamo del país y de la ciudadanía. No podemos dar las espaldas a quienes con toda razón están cuestionando a políticos y a la Justicia”, reiteró.
Cartes participó ayer del almuerzo de cumpleaños de Jorge Torales, intendente de Repatriación, municipio del departamento Caaguazú.
Debe ser el inicio de una reforma judicial
La decisión de la Cámara de Senadores de declarar la vacancia de los cargos de siete miembros de la Corte Suprema de Justicia debería ser parte de un proyecto completo de reforma del Poder Judicial, una de las instituciones más desprestigiadas del Estado paraguayo. Solamente el cambio de personas no corregirá su pésimo desempeño, expresa el Partido Convergencia Popular Socialista, en un pronunciamiento suscrito por sus autoridades Ernesto Benítez y Ramón Medina.
Afirma que la inamovilidad que se adjudicaron los miembros de la Corte es algo insólito y arbitrario que no tiene precedentes porque no hay ninguna disposición legal que lo autorice y solo puede entenderse como una intención de mantenerse en el cargo por un largo tiempo, como si la administración de justicia fuera un botín y un objetivo político de determinados grupos.
Agrega que la prerrogativa de “confirmación” que tiene el Senado es igualmente absurda porque se la utiliza como un garrote y de ninguna manera es un mecanismo de verificación del cumplimiento efectivo de sus deberes de parte de los jueces.
Recuerda que, en la dictadura del general Alfredo Stroessner, el Poder Judicial estuvo controlado por el Partido Colorado y este privilegio deshonesto y antidemocrático se mantuvo hasta ahora.
Apunta que con la participación de todos la limpieza en el Poder Judicial tiene que comenzar.
Piden agilizar leyes que mejoren la justicia
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida por el Prof. Luis Alfonso Resck, considera que senadores deberían más que pensar en repartir cargos en la Corte Suprema, agilizar proyectos de ley presentados para mejorar la justicia. Señala que el único camino para cambiar a ministros de la Corte es el juicio político, pero advierte que mal haría la Corte en no reconocer sus defectos y atrasos en liderar el proceso de transparencia y reforma.
El organismo expresa su preocupación por los recientes acontecimientos ocurridos en el Senado y el intento de forzar el cambio de ministros de la Corte Suprema de Justicia “violando el sistema constitucional y legal vigente, pues entendemos que la única vía válida para la remoción de los ministros es el juicio político”.
Señala que la democracia así como la libertad, como todos los bienes valiosos, solo es realmente entendida en toda su importancia cuando se pierden. Agrega que la República supo de largos años oscuros en que la legalidad era solo una apariencia y un manto de triste resignación.
La Conadeh expresa que la democracia en nuestro país, aun con sus imperfecciones, debe ser defendida con valor. Nadie puede violar el orden constitucional ni aun bajo pretexto de nobles intenciones, pues aquello que hoy parece una necesidad que justifica desobedecer la Constitución, mañana es el precedente de la opresión, puntualiza.
“Defendemos la institucionalidad democrática y, consecuentemente, salvaguardamos los derechos humanos, sin importar los partidos políticos y los subterfugios que se utilizan para encubrir las verdaderas intenciones.
Llamamos a toda la comunidad jurídica y los órganos de poder de la República a tomar en serio la reforma del Poder Judicial y profundizar los tan necesarios cambios en el sistema para consolidar el Estado de Derecho como una realidad en cada rincón del país, con independencia de los hombres y mujeres que ocasionalmente sirven los cargos. Llamamos además a todas las organizaciones a sumarse a la defensa de la democracia y la institucionalidad, en el entendido de que sin Estado de Derecho no hay derechos humanos”, dice. Insta al Senado a aprobar leyes para mejorar el funcionamiento de la justicia.
Marito dice que se buscan de nuevo cuoteo y subordinación
El líder de la corriente Nueva Fuerza Colorada, Mario Abdo Benítez, aseguró que lo único que se está buscando actualmente es el cuoteo y tener un Poder Judicial subordinado al poder político de turno. Fue durante una reunión proselitista en la jurisdicción de la seccional colorada N° 20 al referirse a la resolución del Senado que pretende destituir a siete miembros de la Corte Suprema de Justicia.
“Lastimosamente en los hechos estamos viendo una vez más que lo único que buscan es un sistema de cuoteo y subordinarlo al poder político de turno. No vemos que acá haya una intención real de mejorar la calidad de la Justicia en el Paraguay”, expresó el precandidato a la Cámara Alta.
El político opositor señaló que lo que la sociedad está pidiendo realmente es “tener una Justicia creíble, que es un pilar para construir una sociedad más justa”. Agregó que por esa razón se le reclama a la clase política un compromiso “para la elaboración de procesos que construyan una justicia independiente”.
Abdo Benítez además defendió la figura de la inamovilidad porque a su criterio es “una herramienta que contribuye a tener una Justicia absolutamente independiente”.
El Senado, a través de una resolución del 12 de abril, decidió “no confirmar en sus cargos” a siete ministros del máximo tribunal del país y pidió al Consejo de la Magistratura iniciar los trámites para llenar las vacancias, hecho que generó la reacción de los magistrados y se instaló una crisis político-institucional.