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El proyecto que instituye el sistema de información e inteligencia del Estado y crea la Secretaría Nacional de Inteligencia fue absolutamente cuestionado por los legisladores durante la sesión de ayer del Senado.
Entre sus críticas, el senador Fernández Arévalos, presidente de la comisión de Legislación y Codificación, mencionó que el proyecto pretende instaurar métodos encubiertos y técnicas especiales (escuchas telefónicas, violación de correspondencia, allanamiento encubierto, levantamiento del secreto bancario, intervención de sistema informático, agentes encubiertos) que directamente violan preceptos constitucionales. Como ejemplo, señaló que el proyecto prevé que el Secretario Nacional de Inteligencia podrá disponer la utilización de estas técnicas especiales sin autorización judicial en casos excepcionales y teniendo solo la obligación de notificarlo a la autoridad judicial en un plazo de 48 horas.
También establece que el manejo presupuestario de la SNI no podrá ser verificado por el contralor general de la República e inclusive por nadie, a menos que un ministro competente del área lo autorice.
La propuesta fue presentada por el Ejecutivo en mayo de este año, casualmente luego de que se retirase de la Cámara de Diputados el proyecto de lucha antiterrorista, presentado por un legislador oficialista, que también contenía una serie de disposiciones que afectaban derechos individuales establecidos en la Constitución.
La senadora Elba Recalde, en una dura intervención, indicó que de hecho el gobierno de González Macchi aplica el sistema de pyragues, intervienen teléfonos y hacen seguir a adversarios políticos, pero que encima no se podía acceder a institucionalizar este sistema perverso.
Entre sus críticas, el senador Fernández Arévalos, presidente de la comisión de Legislación y Codificación, mencionó que el proyecto pretende instaurar métodos encubiertos y técnicas especiales (escuchas telefónicas, violación de correspondencia, allanamiento encubierto, levantamiento del secreto bancario, intervención de sistema informático, agentes encubiertos) que directamente violan preceptos constitucionales. Como ejemplo, señaló que el proyecto prevé que el Secretario Nacional de Inteligencia podrá disponer la utilización de estas técnicas especiales sin autorización judicial en casos excepcionales y teniendo solo la obligación de notificarlo a la autoridad judicial en un plazo de 48 horas.
También establece que el manejo presupuestario de la SNI no podrá ser verificado por el contralor general de la República e inclusive por nadie, a menos que un ministro competente del área lo autorice.
La propuesta fue presentada por el Ejecutivo en mayo de este año, casualmente luego de que se retirase de la Cámara de Diputados el proyecto de lucha antiterrorista, presentado por un legislador oficialista, que también contenía una serie de disposiciones que afectaban derechos individuales establecidos en la Constitución.
La senadora Elba Recalde, en una dura intervención, indicó que de hecho el gobierno de González Macchi aplica el sistema de pyragues, intervienen teléfonos y hacen seguir a adversarios políticos, pero que encima no se podía acceder a institucionalizar este sistema perverso.