Cargando...
Los siete ministros de la Corte Suprema a los que el Senado denegó el acuerdo, con el argumento de que ha fenecido su mandato son los colorados Víctor Núñez, Antonio Fretes, Raúl Torres Kirmser, Alicia Pucheta, César Garay Zuccolillo. Igualmente, los ministros de origen liberal Óscar Bajac y Sindulfo Blanco.
La resolución aprobada sobre tablas, a moción del senador liberal Miguel Abdón Saguier, dispone remitir una copia al Consejo de la Magistratura para que inicie el mecanismo de sustitución, con el llamado a concurso de candidatos.
El primer punto del orden del día de la sesión de ayer marcaba un debate en relación con el conflicto que originó la decisión del presidente de la Corte Suprema Víctor Núñez de plantear un recurso de inconstitucionalidad en contra de la atribución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de suspender del cargo a los jueces sometidos a proceso.
Senadores de PQ y PLRA denunciaron la pésima actuación del Poder Judicial. En tanto, los colorados, como Silvio Ovelar y Juan Carlos Galaverna, sin defender directamente a la Corte, instaban a hacer un “mea culpa” sobre la actuación del Jurado de Enjuiciamiento y del mismo Senado en relación al cumplimiento de la Constitución y las leyes.
Miguel Carrizosa (PQ), en primer lugar, y Miguel Abdón Saguier (PLRA) luego señalaron que de hecho la mayoría de los actuales miembros de la Corte están en forma ilegal en sus cargos, ya que su mandato feneció y ellos se han autoconfirmado. Reivindicaron la atribución del Senado de prestar o no el acuerdo, cuando cumplen un ciclo de cinco años, mencionando que había antecedentes de resoluciones tomadas anteriormente por la cámara.
Saguier propuso entonces aprobar una nueva resolución que rechace el acuerdo para los siete miembros de la Corte con mandato vencido y pedir al Consejo de la Magistratura que se inicie el mecanismo de sustitución de los mismos. Esto motivó la airada protesta de los colorados que se terminaron retirando. La resolución fue aprobada por 27 votos.
Comunicación debe hacer la Corte
El artículo 34 de la ley que organiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura establece que las vacancias que se produzcan en la Corte Suprema deben ser comunicadas por el presidente de ese organismo. Dentro de los 10 días de recibida la comunicación, el Consejo debe publicar un edicto para que los candidatos se postulen al cargo. La posibilidad de que sea la Cámara de Senadores la que comunique la vacancia al Consejo de la Magistratura no está prevista.
Reglamento en discusión
Senadores de la bancada colorada, entre ellos Juan Carlos Galaverna, denunciaron en forma vehemente el incumplimiento del artículo 105 del reglamento que dispone que todo asunto promovido por un senador se deberá presentar en forma de proyecto de ley, de declaración o de resolución. Señalaron que la declaración planteada por el senador Miguel Abdón Saguier debió tener entrada formal, cosa que no había ocurrido. Sin embargo, el senador Saguier dijo que ese mismo artículo establece una excepción que se refiere a las mociones del artículo 114 del reglamento. Este señala que “toda proposición hecha de viva voz por un senador o por un ministro del Poder Ejecutivo, en el curso de una sesión de la Cámara es una moción”. Esto significa, dijo Saguier, que no es imprescindible el procedimiento establecido en el artículo 105.
Acuerdo se había sellado varios días antes
Los senadores Zulma Gómez (PLRA), Alberto Grillón (PPS) y Ana Mendoza de Acha (PQ) revelaron que el acuerdo político que culminó ayer con la decisión de reemplazar a siete miembros de la Corte Suprema se selló la semana pasada.
La decisión se mantuvo en absoluto secreto para evitar que una filtración pudiese poner en riesgo la mayoría que se necesitaba.
Una de las cuestiones que se aprovechó fue la falta de diálogo entre los senadores colorados, que prácticamente ya no se reúnen en bancada. Esto permitió que no reaccionasen a tiempo en bloque para procurar, por ejemplo, dejar la sesión de ayer sin quórum. Antes de la sesión, ya la mayoría de los colorados estaban en conocimiento de la maniobra, pero no pudieron evitar que se lleve adelante, debido a que todas las demás bancadas juntas se aseguraban una mayoría absoluta.
Se instala crisis en busca de una renovación
La movida concretada ayer por una mayoría del Senado, a excepción de los colorados, que apunta a “barrer” con siete de los nueve miembros de la Corte, instala nuevamente una crisis de poderes. El objetivo de los legisladores es que de esta crisis surja una profunda renovación del máximo tribunal de la República.
Con esta medida, los senadores apuntan también a reivindicar la atribución que consideran que tienen de otorgar o no el acuerdo a los miembros de la Corte una vez que cumplen su periodo de cinco años.
La tenaz oposición de los colorados a cualquier cambio en la Corte es perfectamente lógica, dado que con la actual conformación de ese organismo siete de sus nueve miembros tienen ese origen partidario.
No se puede perder de vista tampoco que en el horizonte político asoman posibles impugnaciones y denuncias contra actores claves que se postulan para altos cargos electivos en el 2013. En última instancia, será la Corte la que deberá resolver sobre la legalidad de algunas candidaturas.
Reunión furtiva en la casa de Lilian Samaniego, anoche
Ocho ministros de la Corte, con la única ausencia de la Dra. Bareiro de Módica, se reunieron en forma furtiva anoche en la casa de Lilian Samaniego, presidenta de la ANR, quien estuvo acompañada de 15 senadores de su nucleamiento político, revelaron fuentes políticas a nuestro diario.
El encuentro se produjo aprovechando el desarrollo del partido Olimpia-Emelec que concitó la atención del público y de la prensa, señalaron las fuentes.
No trascendió el tema de la convocatoria, pero se infiere que se debatió ampliamente la situación planteada a partir de la decisión de una mayoría del Senado que resolvió declarar vacantes 7 cargos del total de 9, de la Corte Suprema de Justicia.
Nuestros informantes llamaron la atención sobre la presencia en la reunión del ministro Benítez Riera, cuyo cargo no está en juego, al igual que el de la Dra. Bareiro de Módica.
Sin embargo, Benítez Riera, extrañamente, no firmó el comunicado de la Corte divulgado ayer.
Fue un atropello institucional, asegura el Partido Colorado
La ANR calificó de atropello institucional la decisión del Senado de declarar vacantes los cargos de ministros de la Corte. Dicen que están en riesgo las elecciones. Lilian Samaniego dijo que lo que se cometió es un golpe de Estado.
En un pronunciamiento emitido ayer, el Partido Colorado aseguró que la decisión asumida por la Cámara de Senadores busca conformar una Corte Suprema a medida, “que les permita el resguardo de los actos de saqueo público a que someten a diario a las arcas del Estado, e impedir un proceso electoral transparente, viciándolo en su legitimidad, al atacar al máximo tribunal de la República”.
Manifestó su repudio a los senadores que integraron una mayoría coyuntural “para la violación de la Constitución Nacional y el atropello a las instituciones republicanas”.
En el documento señalan que es de público y notorio conocimiento que el juicio político es el camino para destituir a los miembros de la Corte, y agrega que la medida administrativa tomada por el Senado puede generar la más grave crisis política de los últimos años.
El pronunciamiento fue emitido tras una reunión de los 15 senadores que integran las diferentes bancadas coloradas, realizada en la Junta de Gobierno.
Golpe de Estado
La presidenta de la ANR, Lilian Samaniego, dijo que se cometió un golpe de Estado.
Insistió que lo que se busca es un quiebre institucional, con lo que se creará un escenario ideal para poner en suspenso la realización de las próximas elecciones.
“Buscan destruir las instituciones, crear el caos. Podemos estar de acuerdo o no con algunas decisiones tomadas por los ministros de la Corte, pero no es este el sistema de consolidación de la democracia”, señaló. Mencionó que continuarán las reuniones para decidir qué medidas tomar. De los siete miembros de la Corte afectados, 5 son colorados.
Juntos, en mucho tiempo
Después de mucho tiempo, ayer se volvió a ver unida a la bancada del Partido Colorado en la Cámara de Senadores.
Inclusive, luego de aprobarse la resolución por la que se declaraban vacantes los cargos de cinco ministros de la Corte, todos los legisladores de dicha agrupación política acudieron al local de la Junta de Gobierno, donde se reunieron por espacio de dos horas para pronunciarse en contra de la decisión del Senado.
Lilian Samaniego dijo que la defensa de la institucionalidad unificó las bancadas de su partido.
Corte ratifica inamovilidad y Núñez dice que senadores cometen delito
El presidente de la Corte Suprema, Víctor Núñez, en representación de la máxima instancia judicial, leyó un comunicado en el que se sostiene que la Cámara de Senadores no tiene competencia para declarar la vacancia en el alto tribunal. Igualmente, afirma que la acción de los legisladores constituye hecho punible, y que debe ser investigado por el Ministerio Público.
Por Resolución N° 824 del 12 de abril de 2012, la Cámara de Senadores declaró la vacancia de los cargos de los ministros de Corte Víctor Núñez, Alicia Pucheta, Antonio Fretes, José Raúl Torres Kirmser, César Garay, Sindulfo Blanco y Miguel Óscar Bajac.
El Comunicado de la Corte manifiesta que Senadores no tiene la competencia para “confirmar” a los ministros de Corte. Según el Art. 261 de la Constitución Nacional, los ministros solo pueden ser removidos por juicio político o cesar en sus funciones tras cumplir 75 años de edad.
Señalan los ministros que las resoluciones por las cuales fueron declarados inamovibles en sus respectivos cargos, se encuentran firmes y por tanto pasaron a autoridad de cosa juzgada.
“La Honorable Cámara de Senadores de la Nación carece de competencia para reabrir procesos fenecidos o arrogarse funciones judiciales (Art. 248 de la Carta Magna)”, refiere en otra parte el pronunciamiento de la máxima instancia judicial.
“Por tanto, lo resuelto por la Cámara de Senadores carece de validez jurídica, por imperio de lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución Nacional que dispone: ... Carecen de validez las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución”.
Seguidamente, se afirma que la Resolución N° 824/2012 de la Cámara de Senadores se hará saber a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Constituye hecho punible
El presidente de la Corte sostuvo que lo actuado por los legisladores es un hecho punible.
“Pueden investigar y, si leen la Constitución Nacional y el Código Penal, van a encontrar que este tipo de hechos constituyen hechos punibles”, declaró el ministro a los periodistas tras leer el comunicado.
Recíproco control
“La Corte observa lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución, muy especial el ejercicio del gobierno en un sistema de independencia, separación, equilibrio, coordinación y recíproco control”, señala otra parte del comunicado emitido anoche por la Corte, con relación a la decisión del Senado.
Notifican las vacancias al Consejo de Magistratura
El Consejo de la Magistratura recibió ayer a la tarde la comunicación de las siete vacancias en la Corte Suprema de Justicia. El tema será tratado en la sesión ordinaria del próximo lunes. El presidente del Consejo Cristóbal Sánchez dijo que se tiene que analizar el tema, debido a que se había declarado la inamovilidad de los ministros del alto tribunal.
La comunicación del Senado fue recibida por los funcionarios de turno en horas de la tarde.
En ella se expresa que se declaró la vacancia de los ministros Víctor Núñez, Alicia Pucheta de Correa, César Garay Zuccolillo, Antonio Fretes, José Torres Kirmser, Sindulfo Blanco y Miguel Oscar Bajac.
Sin embargo, a esa hora el presidente del Consejo Cristóbal Sánchez se encontraba de viaje en Coronel Oviedo para un acto de egreso en la Escuela Judicial de esa zona.
Al ser consultado sobre lo resuelto por el Senado, Sánchez solo atinó a decir que debía estudiar con sus pares la resolución, porque de por medio está la declaración de inamovilidad de los ministros.
No obstante indicó que si el Senado comunica, el Consejo se verá obligado a iniciar el proceso de concurso para la conformación de ternas.
El Consejo en la actualidad funciona con siete miembros, debido a que Derecho UNA está sin representante hace un año, ya que está pendiente la realización de la asamblea para elegir al representante. El caso está congelado en la Justicia Electoral.
El Consejo está presidido por Sánchez, que es colorado, aunque también tiene buenas relaciones con el gobierno de Fernando Lugo y con los otros sectores.
En la mayoría de los casos, votó en el sentido del oficialismo, que es actualmente mayoría, pero para la terna de la Fiscalía General se había unido a la aplanadora colorada.
El vicepresidente es José María Cabral, representante de la Católica e identificado con el oficialismo.
Son miembros Estela Kobs, representante del Poder Ejecutivo, el senador Liberal Miguel Abdón Saguier, el diputado oviedista Gustavo Mussi, quienes también coquetean con el oficialismo del Consejo.
El ministro de la Corte Víctor Núñez (colorado) y Adrián Salas, representante de los abogados (colorado), conforman el bloque opositor.
Hasta ayer, ninguno de los miembros había recibido la comunicación para la sesión extraordinaria, por lo que todo quedaría para la sesión del lunes, pese a que ni siquiera está en el orden del día que ya fue confeccionado antes del viaje de Sánchez.
Complot para continuar en el poder
Para el abogado Luis Armando Godoy, miembro de la comisión directiva del Colegio de Abogados del Paraguay, la decisión del Senado de declarar cesantes a siete ministros de la Corte Suprema es ilegal.
“Estamos todos de acuerdo en que hay que cambiar a los ministros de la Corte, pero por los canales correspondientes.
Lo que se hizo es ilegal porque la única instancia para remover a los ministros es el juicio político. Que consigan los votos para la remoción por juicio político”, indicó.
“Es un complot, es evidente que en el 2013 no van a querer entregar el poder y ya comenzaron con las internas liberales que con trampa, según los otros candidatos, llevan a un candidato que no ganó y que responde al interés político del gobierno actual”, acotó.
El Colegio convocó a una reunión extraordinaria hoy a las 10:00, en su local ubicado en la planta baja del Palacio de Justicia, para tratar el caso.
Funcionarios amenazan con huelga
Porfiria Ocholasky, secretaria general del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Sifjupar), amenazaron ayer con iniciar una huelga, en caso de que sus asesores concluyan que la medida dispuesta por el Senado es ilegal.
Hoy el gremio define las medidas a ser adoptadas.
Ocholasky afirmó que no hubo debido proceso, pues los ministros no tuvieron derecho a la defensa. La gremialista adelantó que a su criterio, los miembros de la máxima instancia solo pueden ser removidos por juicio político y no descartó la posibilidad de recurrir a la Corte de La Haya en su defensa, ya que los mismos son funcionarios públicos.
“Oficialismo quiere evitar elecciones”
El oficialismo dio un paso más en su intento de prolongar su permanencia en el poder, dijo Juan C. Galaverna. Aseguró que el Senado, con su resolución, busca enrarecer el ambiente para evitar elecciones en el 2013.
El senador Galaverna (ANR) manifestó que lo que hizo la Cámara Alta ayer fue dar un paso más en la serie de barbaridades perpetradas, apuntando a romper el orden institucional, acabar con la vida republicana y enrarecer el ambiente, apuntando a evitar las elecciones del año que viene.
El legislador aseguró que todo forma parte del “intento de prolongar la permanencia en el poder de este equipo de facinerosos”, refiriéndose al oficialismo.
Galaverna recordó que de esta situación había advertido antes de las elecciones generales de 2008, “y todos me trataron de loco, incluyendo tu diario. Despreciaron, repudiaron, me calificaron de alarmista y ahora constituye eje de editoriales sin mencionar fuentes, en una actitud deshonesta”, dijo.
Calificó de salvaje lo ocurrido ayer en el Congreso. “Esto es un intento de golpe de Estado, espero que la ciudadanía entienda. Aquí no se trata de simpatía de colores, o de qué partido; no son los miembros de la Corte los afectados, se trata de la institucionalidad. Nosotros lo que defendemos es la institucionalidad”, insistió.
Al referirse al senador del PLRA, Miguel Abdón Saguier, quien fue el que propuso aprobar la resolución que declaraba vacantes los cargos de siete miembros de la Corte, dijo que este estuvo “desconocido”.
Calificó de pusilánime al sector de Efraín Alegre, que en la semana decía que el presidente Fernando Lugo quiere destruir los partidos, pero ayer votó a favor de su propuesta.
“Como Lugo sabe todo lo que robaron en las instituciones públicas, temen que les denuncie ante la Procuraduría, entonces no les queda otra que adherirse. Es una actitud pusilánime”, acotó.
Buscan desestabilizar instituciones, afirman
El líder de la bancada cartista en el Senado, Rogelio Benítez, se refirió como el corolario de un plan bien orquestado que busca en el fondo una desestabilización de las instituciones republicanas la decisión del Senado de cuestionar la legalidad de la permanencia de siete ministros de la Corte en sus cargos.
Para el legislador, lo que se busca es “alterar el proceso electoral en marcha decapitando a la Corte Suprema en una acción torcida sin fundamentos constitucionales”.
Mencionó que la Carta Magna establece claramente que el juicio político es la única vía para alterar la constitución de la Corte Suprema de Justicia. “Sin embargo, a través de una resolución impuesta de manera totalmente arbitraria con defectos de forma y de fondo, se aprobó la declaración de vacancia de los miembros de la Corte Suprema para que el Jurado de enjuiciamiento convoque a llenar esos cargos vacantes”, recordó.
Explicó que inclusive se violentaron procedimientos internos, porque se mocionó la resolución, habiendo perimido el estadio para recibir una resolución como asuntos entrados. Y a tambor batiente se llevó a votación, agregó. “Llevaron adelante una acción política que creemos nosotros que es parte de un plan que fundamentalmente busca la desestabilización de las instituciones democráticas”, dijo.
Explicó que la medida de ayer puede influir en las elecciones “porque en cualquier proceso electoral la decapitación de la máxima instancia judicial altera absolutamente toda la situación. Estamos a punto de quedar sin Corte Suprema”, acotó.
Debilitan la democracia
A su turno, el senador de Frente para la Victoria Silvio Ovelar dijo que acciones como las llevadas adelante ayer por el Senado son las que debilitan la democracia.
Expresó que el Senado se convirtió en una especie de suprapoder.
“En este momento, el Senado se convierte en una cámara de semidioses, porque nos arrogamos facultades que no nos corresponden violentando la Constitución. ¿Cómo vamos a exigirles a los otros poderes del Estado el cumplimiento irrestricto de la Constitución y las leyes si nosotros mismos estamos violentando?”, expresó el legislador.
Recordó que la única vía para sacar a un ministro de Corte es el juicio político.
Niegan injerencia de Lugo y justifican la decisión
El asesor jurídico de la Presidencia de la República y ahora interventor del Indert en forma momentánea, Emilio Camacho, aseguró ayer que la resolución del Senado que deja a siete ministros de la Corte vacantes en sus cargos se ajusta a derecho. Garantizó además que el presidente Fernando Lugo no tuvo injerencia alguna en la polémica decisión.
“Se ajusta a derecho previsto en lo dispuesto por la Constitución Nacional. El Senado lo que hizo fue ejercer su potestad de designar al ministro de la Corte Suprema de Justicia y, en este caso, se han cumplido los 5 años. Por tanto, se declara el vencimiento del mandato de los mismos”, justificó.
Sin embargo, remarcó que de esta manera el Congreso le recordó al Paraguay “que en esta República no existen monarcas y que todos los cargos, todos, tienen vencimiento republicano”, manifestó.
En otro pasaje subrayó que la iniciativa, a la que calificó de “histórica decisión”, llevaba tiempo cajoneada en el Congreso por la falta de números en los votos.
Finalmente, desmintió que Lugo haya orquestado la resolución, y resaltó que varios de los partidos que acompañaron el proyecto son críticos al mandatario.
Desean crear caos a un año de comicios
El precandidato a la presidencia de la República por el movimiento colorado Frente para la Victoria, Javier Zacarías Irún, manifestó ayer su preocupación por el “ambiente de inestabilidad” que según él se siembra con la resolución del Senado que declara vacante los cargos de siete ministros de la Corte.
El político señaló que llama la atención, que a un año de las elecciones generales, de repente el oficialismo se dé cuenta de que los siete miembros de la Corte se autodeclararon inamovibles en sus cargos, en forma irregular.
“Es una situación muy llamativa y preocupante. Creo que el Congreso tenía que haber respetado los caminos constitucionales para destituirlos. ¿Por qué no iniciaron juicio político que es el camino indicado por la Constitución?”, manifestó.
Reconoció que existen muchos cuestionamientos hacia los miembros de la Corte, pero insistió que este no es el camino para destituirlos.
Señaló que se debe impulsar una reforma constitucional para evitar que en el futuro los políticos sigan metiendo la mano en el nombramiento de jueces y fiscales. Acotó que ese debe estar en el plan del futuro gobierno.
Amenazan con juicio político al Consejo
El senador por Patria Querida (PQ), Marcelo Duarte, expresó que el Consejo de la Magistratura tiene la obligación constitucional de convocar nuevos candidatos y conformar las ternas para miembros de la Corte, y de no hacerlo se exponen al juicio político. Negó cualquier pacto entre los demás partidos que votaron a favor de la resolución y acusó a la Corte Suprema de Justicia de ser corrupta “en su mayoría”.
“Así como es facultad exclusiva de la Corte Suprema declarar la insconstitucionalidad y las leyes, es facultad exclusiva del Congreso de la nación enjuiciar políticamente a los miembros de la Corte Suprema y otros altos magistrados de la República. Ojalá no debamos llegar a esas instancias; entonces, para mí lo más razonable es que sigan en sus funciones hasta ser cambiados y que sus reemplazantes sean personas que honren el cargo”, dijo.
Asimismo, negó cualquier acuerdo de su partido con otros sectores como Unace, cuyas propuestas y candidatos han rechazado; y con Fernando Lugo y su entorno, con quienes son “adversarios políticos”.
“Ya no era una Corte Suprema, sino una bolsa de valores”, sostuvo.
Castigarán hasta con cinco años el desacato a las órdenes judiciales
El Senado aprobó ayer el proyecto de ley que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico el delito del “desacato” a una orden judicial. La pena establecida es de 6 meses a 2 años de prisión. En caso de apercibimiento previo por escrito, sube a hasta los 5 años de prisión.
El proyecto de ley, originado en una presentación de la Corte Suprema, establece que el que incumpliera una orden escrita dictada en forma legal por una autoridad judicial competente será castigado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años o multa.
Señala también que si el autor cometiere el desacato mediando apercibimiento escrito y previo de la autoridad judicial correspondiente o fuere un funcionario público, la pena podrá ser elevada a hasta cinco años.
Dispone, asimismo, que la autoridad judicial cuya resolución hubiese sido incumplida informará el hecho al fiscal penal de turno para que este impulse el procedimiento respectivo bajo el presupuesto de flagrancia.
La propuesta original en el proyecto del Poder Judicial era incluir la figura del desacato dentro del Código Penal, con la incorporación de un único artículo que decía: “Desato: el que desacatara o incumpliera una orden dictada por resolución judicial y emanada de autoridad judicial competente será castigado con la pena privativa de libertad de hasta 5 años o multa”.
En contrapartida, la modificación propuesta por la comisión de Legislación y Codificación, presidida por Marcelo Duarte (PQ), que finalmente fue la aprobada, era que fuese una ley especial, fuera del Código Penal. El motivo principal era no hacer “parches” a dicho código.
El tema del desacato cobró especialmente vigencia en las últimas semanas debido a la situación planteada con las ocupaciones de tierras y el incumplimiento por parte inclusive de autoridades de órdenes de desalojo que emitían jueces. Esta situación no pudo ser motivo de ninguna sanción, dada la inexistencia de la figura del desacato a una orden judicial en nuestro sistema legal.