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El 14 de marzo pasado Diputados aprobó el pedido de enjuiciamiento de García, por mal desempeño de funciones. El caso estuvo primero cajoneado en la Cámara Baja y luego pasó al Senado, en donde desde el 5 de julio último se encuentra “congelado”.
Una de las causas del enjuiciamiento del contralor es no haber apelado el fallo arbitral que condenó a la municipalidad de Asunción a pagar US$ 3,6 millones a la firma Ivesur. Además figura la autoasignación de viáticos para un viaje a Madrid, España, para participar de un evento que duró cuatro días. Sin embargo, llevó dinero para pagar por diez días. Recibió G. 12.983.700, en total y habría cobrado de más G. 8.644.616.
García igualmente asignó casi G. 7 millones en viático a otros funcionarios, que lo acompañaron para el evento en Europa. Otro cuestionamiento hace referencia a la contratación de un servicio de consultoría de su directora de Gabinete, Norma María Martínez Irigoitia, por G. 108.000.000, para elaborar un manual de funciones ya existente.
Proceso penal
El proceso penal a García fue anulado por el Tribunal de Apelación integrado por los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Delio Vera Navarro (votó en disidencia). Sin embargo, los magistrados ratificaron que el caso es válido hasta la imputación que realizó el Ministerio Público.
Sin embargo, la Fiscalía no está de acuerdo con la decisión de la cámara de apelación y recurriría a la Corte Suprema por medio de una acción de inconstitucionalidad.
Los antecedentes revelan que García, cuando era asesor jurídico de la municipalidad de Asunción, no apeló un fallo arbitral que condenó a la Comuna a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur.
Sin embargo, para hacer creer que recurrió la sentencia, el actual contralor usó un documento falso, en el que registra que la apelación supuestamente se presentó ante el Tribunal en Civil de Asunción, Primera Sala.
La investigación realizada por la Fiscalía, incluida la pericia, confirmó que el documento era falso, por lo que García fue imputado por el hecho.
García fue designado contralor general por Diputados el 1 de noviembre del 2016, gracias al apoyo de los colorados cartistas. Reemplazó en el cargo a Óscar Rubén Velázquez Gadea, destituido por el caso “secretaria de oro”.