Secretismo debe acabar

Ante este nuevo escándalo de probable enriquecimiento ilícito de un funcionario público, el contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, debería de una vez por todas a cumplir con lo que ya ordenaron dos fallos judiciales de tribunales de la República, en primera instancia y en Apelaciones.

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Las declaraciones juradas de los patrimonios de funcionarios públicos deben ser no solamente obligatorios sino además objeto de escrutinio público. Si bien el anterior contralor José Enrique García resistió los mandatos judiciales y los apeló, en plena época de transparencia pública y con antecedentes de otros países que suben inclusive a internet las declaraciones juradas de sus autoridades y funcionarios públicos, Paraguay fortalece el secretismo. El ocultismo está permitiendo saqueos sin contemplaciones.

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