Se dilata en la Corte recusación de fiscales que indagan a los ZI

La Sala Penal de la Corte no resuelve la recusación de los fiscales Leonardi Guerrero, Sussy Riquelme, Rodrigo Estigarribia, Natalia Fúster y Luis Piñánez. El expediente está en la máxima instancia judicial desde el 19 de octubre pasado.

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El 8 de octubre, Fernando Román, gerente de la empresa Mocipar, quien tiene nexos comerciales con el senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista), recusó a los fiscales citados más arriba. Los agentes fueron confirmados por la Fiscalía General, pero la resolución fue recurrida ante la Corte.

La Sala Penal quedó integrada por los ministros Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia. Ahora se tiene que conformar con otro ministro, luego de la salida de Sindulfo Blanco, que fue destituido por juicio político.

Blanco se apartó de la causa solo días antes de dejar la Corte Suprema.

La mayoría de los “peces gordos” investigados por corrupción, usan la Sala Penal para apartar a los fiscales que abren las causas y con ello traban la imputación u otra decisión desfavorable.

La diputada Rocío Vallejo había presentado un proyecto de ley, para que la Corte ya no tenga intervención en la recusación de fiscales. El objetivo es evitar la chicanería.

Más recusación 

Carlos Botino Bordón, comunicador que se encarga de la publicidad y propaganda de la Comuna de Ciudad del Este, indagado en el caso, recusó a los fiscales Luis Said y Marlene González. Esta maniobra favorece a los Zacarías Irún.

La fiscalía indaga la posible comisión de hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y varios otros delitos.

Están en la mira del Ministerio Público, además de Javier Zacarías Irún, su esposa Sandra McLeo, su hermano Justo, entre otros.

La defensa de los Zacarías Irún está a cargo del abogado Ricardo Preda, quien fue director de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía. 

El abogado, en reiteradas declaraciones a la prensa, señaló que sus defendidos no cometieron hechos punibles. Si embargo, los numerosos documentos incautados y analizados por el Ministerio Público, podrían surgir elementos que hagan presumir la comisión de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre otros delitos.

El caso que afecta al clan ZI es otra prueba de fuego para la Fiscalía General, a cargo de Sandra Quiñónez, que cuando asumió prometió combatir la impunidad. 

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