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En la mañana del jueves último se registró un grave accidente en la ciudad de Potosí: un dique con desechos mineros cedió ante la presión de las aguas y arrojó al río Pilcomayo residuos altamente contaminados.
El dique de desechos es administrado por la empresa “Santiago Apóstol”, firma que recibió previamente advertencias de problemas estructurales en su represa.
Un despacho periodístico de la agencia Ansa señala que el Ministerio Público boliviano tomo intervención.
La agencia de noticias reproduce las declaraciones del fiscal José Luis Ríos: “La empresa no cumplía con normas ambientales. El dique ni siquiera tenía la geomembrana de protección, lo que terminó provocando el colapso del dique que contenía residuos tóxicos de la explotación de plomo, plata y zinc”.
Por su parte, la Red Potosina de Comunicación confirmó que las aguas contaminadas regaron tierras de cultivo de comunidades campesinas situadas en las montañas donde nace el Pilcomayo.
Como medida de urgencia, el fiscal Ríos, cuya sede se encuentra en la ciudad de Potosí, ordenó el cese de todas las operaciones en la planta minera de la empresa “Santiago Apóstol”.
En mayo pasado, dirigentes de comunidades situadas debajo del dique advirtieron el riesgo de colapso al comprobarse que la represa carecía de membranas de protección.
El resultado se tiene a la vista.
Riesgo ambiental
El 29 de agosto de 1996 se produjo el mayor desastre ambiental de Bolivia al romperse un dique de desechos que arrojo a la cuenca del Pilcomayo 250.000 toneladas de residuos tóxicos.
La ruptura tuvo lugar en la mina de Porco, propiedad de la Compañía Minera del Sur, ligada al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
En aquella oportunidad, científicos de la Comisión Trinacional del Pilcomayo realizaron un intenso monitoreo de las aguas del Pilcomayo y se llegó a comprobar que parte de los residuos tóxicos llegaron a la planicie chaqueña, compartida por Argentina y Paraguay.
El desastre de Porco movió a Bolivia a mejorar mecanismos de seguridad en las minas, adecuando al mismo tiempo su ordenamiento ambiental al riesgo que constituye esta actividad.
El accidente que aconteció ahora, nuevamente en Potosí, revela que el control de los diques mineros tiene falencias.
Según las informaciones periodísticas, en mayo las comunidades aledañas a la represa advirtieron el riesgo, pero no fueron escuchadas.
El Pilcomayo es un río compartido por tres países y cada uno de ellos tiene responsabilidad en su protección.
En el caso de Bolivia, los principales yacimientos mineros se localizan en las montañas potosinas, de donde se extrae plata, cobre y estaño, entre otros.
La separación de minerales se logra utilizando productos de alta toxicidad como es el caso del arsénico y el cianuro, elementos que no son biodegradables; transportados por el Pilcomayo contaminan a su paso peces y áreas de cultivos.
Intervención de las autoridades
En medio de la situación de emergencia, las autoridades bolivianas iniciaron investigaciones y detuvieron toda actividad en la mina “Santiago Apóstol”; en 1996, cuando el desastre de Porco, la actitud gubernamental fue de ocultar el incidente.
La economía de Bolivia tiene su sustento en la producción minera, los altos precios en el mercado internacional explican la proliferación de minas en Potosí.
En procura de proteger el ecosistema, las empresas están obligadas a construir represas donde contener los residuos. Los diques actúan como piletas de decantación.
En el caso que ahora nos ocupa, el dique no soportó la presión de las aguas y sus residuos cayeron en las aguas del Pilcomayo.
roque@abc.com.py