Salto económico en la función pública

El caso del ex fiscal general Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo se originó en octubre del 2017, al saltar a la luz de que ambos eran dos modestos funcionarios que pegaron el gran salto económico en la Función Pública. Si bien el exjefe del Ministerio Público intentó atribuir su bonanza a la familia de la mujer, esto cayó por tierra al conocerse de que tanto su suegra María Selva Apolonia Vargas como sus cuñados al frente de una sociedad de G. 5.000 millones, son morosos y con varias demandas e inhibiciones.

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Una propiedad de 8.000 hectáreas, convertida en estancia modelo en los últimos años, con inversiones imposibles de sostener por su suegra, tal como Díaz Verón quiso hacer entender, fue el inicio de los millonarios bienes que fueron saliendo a luz.

La compra de una propiedad que cuesta US$ 1 millones por parte de su esposa María Selva Morínigo a través de la firma Salty River SA, los aportes en efectivo por G. 2.260 millones de la mujer e hijos de la pareja Yerutí Díaz Morínigo y Alejandro Díaz Morínigo en sociedades anónimas, el lote de ganado de pura raza que declaró Díaz Verón por unos G. 1.000 millones en el 2015, la compra de la casa que era de la suegra, costosas remodelaciones en la residencia, vehículos de alta gama en los que se ve pasear a su familia, viajes de placer, una radio en Caazapá, condujeron al ex fiscal a su imputación por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en el caso de su cónyuge.

A esto se suma la repartija de sueldos que hizo Díaz Verón entre familiares, amigos, compañeros de facultad de sus hijos, locutores de la radio de su familia, exdomésticas, vecinos. Unos G. 2.000 millones al año cuesta el festín del exfiscal a los contribuyentes.

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