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Además de las sanciones pecuniarias la norma propone inhabilitaciones para ocupar cargos públicos y electorales, la suspensión para renovar pasaporte y registro de conducir, la imposibilidad de acceder a becas y subsidios del Estado, entre otros castigos.
La mesa directiva de la Cámara Baja decidió no incluir el proyecto entre los puntos del orden del día, a pesar de que fue una moción de preferencia del diputado Sergio Rojas (PLRA, llanista). El proyecto contaba con dictamen favorable de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
La intención del proyecto de ley generó el repudio generalizado de la ciudadanía, que expresó su rechazo a la eventual aplicación de la norma a través de las redes sociales.