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El defensor del pueblo adjunto, Édgar Villalba, remitió una nota al titular de Itaipú, Franklin Boccia, reclamando la falta de cumplimiento de compromisos asumidos por el anterior director de la hidroeléctrica, Efraín Enríquez Gamón, respecto a una resolución de la Contraloría, “por la cual se dispone la realización de un examen especial a la rendición de cuentas del Parque Tecnológico Itaipú, desde enero de 2010 al 31 de marzo del 2012”.
La resolución de la Contraloría fue a pedido justamente del defensor adjunto para que se informe sobre el uso y el destino del dinero público que recibe la fundación PTI de Itaipú Binacional y el libre acceso de los auditores a toda la documentación obrante en la institución.
Villalba menciona que la anterior directora de PTI, Rocío Robledo, se opuso a informar y exhibir públicamente los documentos que hacen a la gestión y el uso del dinero destinado a financiar becas y trabajos de investigación científica relacionados al tema energético.
Refiere a una serie de publicaciones periodísticas que daban cuenta de la “inapropiada, incorrecta o ilegal utilización del dinero otorgándole a la misma, y fundamentalmente, la sistemática y reiterada negativa a rendir cuenta documentada para justificar los millonarios desembolsos del dinero público destinado a la Fundación, oposición que naturalmente sembrará legítimas dudas y desconfianzas”.
El defensor adjunto expresa que no existen motivos legales válidos para oponerse a las tareas de fiscalización de parte de la Contraloría General. Se pregunta: “¿Por qué, si no hay nada ilegal o irregular, no se han suministrado los documentos relacionados con la rendición de cuentas de los fondos proveídos a la Fundación Parque Tecnológico?” Recuerda que han pasado cuatro meses de la resolución de Contraloría y no se han facilitado los informes para el examen especial.
Son pasibles de sanciones
La Contraloría General de la República expresaba en nota 2817, del 21 de julio, dirigida al defensor adjunto del Pueblo, que en caso de incumplir requerimientos de provisión de informes solicitados a la citada fundación de la hidroeléctrica binacional, “los responsables son pasibles de la aplicación de sanciones, incluso por eventuales encubrimientos a la comisión de delitos, de conformidad a las disposiciones de referencia”. El 3 de abril de 2012 la Contraloría dispuso la realización del examen especial a la Fundación Parque Tecnológico Itaipú. Fueron designados auditores: Irene Cuevas, Milciades Aquino y Perla Almirón de Russell, y la coordinación y seguimiento a Gladys Fernández.