Cargando...
El juez penal de garantías de feria Hugo Antonio Sosa Pasmor impuso fianza personal para los abogados Abraham Osvaldo Bittar y Édgar Aureliano González Stanley por G. 200 millones para cada uno de los clientes a quienes representan.
Es decir, los abogados afianzaron por sus clientes Manuel Radice, su esposa Clara Haydée Silveira Arza, la hermana de esta Gloria María Silveira Arza y la mamá de ambas Ana Catalina Arza de Silveira.
El juzgado también dispuso que la fianza personal debe ser conmutada por caución real (inmueble) en un plazo de 20 días. En caso de incumplir la orden, las medidas serán revocadas y ellos serán remitidos a la penitenciaría.
El juzgado también impuso la obligación de comparecer del 1 al 5 de cada mes para la firma del libro respectivo, la prohibición de salir del país y la prohibición de cambiar de domicilio, salvo expresa autorización judicial.
En el caso de las hermanas Silveira Arza y de Arza de Silveira, estas se encuentran procesadas por cobro indebido de honorarios que según el Art. 313 del Código Penal, la expectativa de pena es de solo hasta dos años o multa.
En el caso de Radice, está imputado por uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso (hasta un año de cárcel o multa) y cobro indebido de honorarios.
Según la investigación fiscal, Clara Haydée, quien llegó a percibir más de G. 10 millones en la Justicia Electoral, se encontraba en horario laboral en el Club Centenario, y en otras ocasiones en el extranjero. Las planillas de asistencia eran presentadas por Radice, en un sobre cerrado que era llevado por su secretaria Rosana Alfonso a Recursos Humanos.
En el caso de Gloria María, fue nombrada el 20 de octubre de 2014 como Técnico (I) de la Sección de Almacenes cuando la misma se encontraba aún en el colegio Santa Teresa de Jesús.
Ana Catalina Arza pertenece a la Justicia Electoral desde abril de 2013, pero constancias de Migraciones dan cuenta de que la misma se encontraba en el exterior. Estos viajes se repitieron en varias ocasiones.
Otros dos procesados
El director de Recursos Humanos de la Justicia Electoral Christian Bogado, procesado por uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, y Modesto Núñez, superintendente del TSJE, imputado por expedición de certificados falsos, recibieron igualmente medidas. Impusieron al Abog. Alfredo Delgado G. 200 millones por cada uno.