Cargando...
“La ley (que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación) tiene que ser modificada en algunos aspectos”, dijo la senadora Ovelar. Fue al término de la reunión de la comisión especial.
Preguntada sobre qué aspectos se debe modificar, contestó que “es imprescindible incorporar mecanismos de control y redireccionar sistemas de distribución”. Indicó que no es suficiente mejorar la educación invirtiendo más dinero sino que se necesita también un cambio cultural, especialmente en los líderes políticos, que deben acostumbrarse a rendir cuentas.
Agregó que la ciudadanía también debe exigir a las autoridades que expliquen en qué se gastó el dinero.
Cuando fue consultada si fue una mala experiencia dejar que los intendentes y gobernadores manejen exclusivamente millones de dólares para que realicen obras de infraestructura en educación, respondió: “Es un poco una muestra que como una cantidad enorme de recursos hemos recibido y no hemos podido canalizar con eficacia hacia un fin porque la estructura institucional que diseñamos aparentemente ha tenido limitaciones y tenemos que encontrar mecanismos que garanticen transparencia y rendición de cuentas”.
Insistió en que la transparencia es clave porque si se invierte en una obra, esa obra tiene costo y ese dato tiene que ser informado a la comunidad. Lamentó que no exista un criterio único para las obras de infraestructura porque en una ciudad las aulas tienen dimensiones diferentes, por ejemplo.
US$ 360 millones
En setiembre de 2012, el Congreso sancionó la ley de Fonacide y el Fondo. Las mismas serán solventadas con los US$ 360 millones anuales de recursos extras que recibe nuestro país de Itaipú por cesión de energía al Brasil. Según la Contraloría, 104 de 246 municipalidades no rindieron cuentas sobre el uso de los más de G. 488.000 millones, que Hacienda le transfirió en los últimos dos años para invertir en infraestructura educativa, almuerzo escolar y desarrollo.