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El tribunal, presidido por el juez Ramón Trinidad Zelaya e integrado por los magistrados Benito González y Víctor Godoy, negó la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión a los procesado Rubén Villalba, Néstor Castro Benítez, Adalberto Castro Benítez, Arnaldo Quintana Paredes y Felipe Benítez Balmori, en una decisión anunciada ayer cerca de las 15:00.
La defensa de los encausados, a cargo de los abogados Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, plantearon al tribunal que los campesinos sean beneficiados con el arresto domiciliario, por la “grave situación de salud que soportan a consecuencia de 54 días de huelga de hambre”. “Cuando hay colisión de bienes jurídicos, donde se confrontan la necesidad del Estado de asegurar el sometimiento de una persona a la justicia y el riesgo inminente de la vida, debe primar aquello que tiene la jerarquía superior que es la vida”, argumentó Ferreiro. La fiscalía, representada por el fiscal Jalil Rachid, por su parte, desde un comienzo se opuso al otorgamiento de medidas menos gravosas a favor de los imputados, señalando que la ley no lo admite cuando el hecho investigado se tipifica como crimen “y estas personas fueron justamente acusadas por hechos punibles que se encuadran en la categoría de crimen”, resaltó.
El tribunal; sin embargo, no dejó de analizar la situación de salud de los encausados para tomar su decisión. Con base en un informe médico de cada uno de los procesados que entregó la defensa al Tribunal, este solicitó un dictamen al médico forense del juzgado, Dr. Mariano Adolfo Pacher.
En su informe Pacher señala que los encausados tienen “signos vitales que se encuentran dentro de los parámetros normales, sufren una importante pérdida de peso de 10 y 14 kilogramos, lo que representa el 16 y 25 del peso corporal, relieves óseos marcados por pérdida de grasa subcutánea, pero están lucidos, orientados y colaboradores, sin déficit motor ni sensitivo. No consta evidencia de enfermedad grave ni terminal”.
Con este informe médico el juzgado concluye que no se hallan los presupuestos para decretar el arresto domiciliario. También señala que se descarta la medida sustitutiva, considerando que los procesados deben someterse a juicio oral y público a partir del 26 de junio al 11 de julio “y es menester asegurar la comparecencia”, acota.
Amparo para atención médica
El Ministerio de Justicia solicitó de urgencia la ampliación del amparo constitucional que había presentado a la Corte Suprema de Justicia para asistencia médica a internos procesados por el caso Curuguaty en huelga de hambre desde el 14 de febrero pasado. La petición fue otorgada ayer por el juez penal de garantías número 10, Rubén Ayala Brun. La medida judicial dictada favorece a Rubén Villalba, Adalberto Castro Benítez, Arnaldo Quintana Paredes, Néstor Castro Benítez y Felipe Benítez Balmori. El juez ordena que se realicen tratamientos, diagnósticos médicos y atención debida a los mismos, dice el escrito remitido al hospital central de las FF.AA., donde están los cinco huelguistas.