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De esta manera, el Mandatario anunció que usará de vuelta su atribución constitucional para evitar la impunidad de los legisladores procesados, investigados o cuestionados. El proyecto fue aprobado en general en la Cámara Baja, pero hoy en sesión ordinaria prosigue su estudio en particular. De ser aprobado, pasará posteriormente a la Cámara de Senadores.
Esta propuesta hace casi imposible que un legislador pierda la investidura, ya que se requieren 53 de los 80 diputados o 30 de 45 senadores. Luego debe pronunciarse el Tribunal Electoral, y si hay apelación, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
La Justicia Electoral deberá estudiar el caso, pese a que la Constitución Nacional no le otorga ninguna atribución para definir la investidura de un legislador. Además, se exige una condena firme contra un legislador para proceder a la pérdida de investidura por el uso indebido de influencia, fehacientemente comprobado.
El lunes, tras las críticas que tuvo el proyecto de “autobandidaje”, algunos diputados revieron a medias su postura, acordando entre los líderes de bancadas excluir la inconstitucional atribución que le dieron al TSJE. Sin embargo, se mantiene el requisito de la sentencia firme de la justicia ordinaria como exigencia para aplicar la pérdida de investidura.
Un proceso judicial puede durar más de cinco años (que es el periodo legislativo) o acabar en blanqueo. El artículo 201 de la Constitución Nacional no exige una sentencia firme para el caso del uso de indebido de influencias fehacientemente comprobado. En marzo de este año, el entonces presidente, Horacio Cartes, vetó parcialmente la ley del “autoblindaje” porque da vía libre “manifiestamente a la impunidad” y viola tres artículos de la Constitución Nacional. Objetó la exigencia de la sentencia judicial.