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De esta forma, los mencionados cuestionados parlamentarios podrían lograr ser blanqueados de las acusaciones de corrupción.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Miryam Peña, Gladys Bareiro de Módica y Luis María Benítez Riera (este con voto en disidencia) aceptaron la semana pasada que la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, seguido a Zacarías Irún, sea derivada a Ciudad del Este.
El diputado Portillo, cuya conversación telefónica fue grabada cuando aceptaba dinero para conseguir supuestamente una sentencia favorable de un tribunal de Ciudad del Este, también logró que su caso se lleve a la circunscripción judicial de la capital del Alto Paraná. El parlamentario, acusado en esta investigación por supuesto tráfico de influencias y soborno, ya en agosto del 2018 consiguió que el Tribunal de Apelación Penal, primera sala, integrado por los jueces Pedro Mayor Martínez, Gustavo Ocampos y Gustavo Santander, derivara su proceso judicial a CDE.
Para Zacarías Irún y Portillo es clave litigar en fiscalías y juzgados de Ciudad del Este porque tienen influencias sobre los magistrados. El sistema judicial es permeable a las presiones políticas debido a que en el proceso de selección y de punición de los fiscales y jueces participan parlamentarios. El exsenador Óscar González Daher está procesado por manipulaciones de juicios que logró siendo titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.