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El presidente Fernando Lugo firmó ayer el decreto por el cual ordena el pago de más de G. 2.126 millones a dos abogados, en concepto de honorarios en un caso relacionado a créditos irregulares otorgados por el Banco Nacional de Fomento (BNF) a transportistas durante el gobierno colorado de Nicanor Duarte Frutos.
Mediante el Decreto número 8520, el Jefe de Estado autoriza al Ministerio de Hacienda a realizar pagos en concepto de gastos judiciales recaídos contra el Estado paraguayo, a favor de los abogados Armindo Vera Ferrer y Eduardo Ariel González Báez, por el monto total de G. 2.126.250.000, conforme al Auto Interlocutorio Nº 1702, del 28 de noviembre de 2011, dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Decimotercer Turno, en el marco de la causa: "R.H.P. de los abogados Armindo Vera Ferrer y Eduardo Ariel González Báez en los autos Estado paraguayo c/Carlos Raúl Noguera y otros s/diligencias preparatorias".
El cobro de los honorarios tiene su origen en la condena del 30 de junio de 2004 (gobierno de Duarte Frutos) por lesión de confianza a Joaquín Vera Benítez, Carlos Raúl Noguera y Vidal Capurro Mendieta, consejeros del BNF por la concesión irregular de créditos a transportistas por 35 millones de dólares.
Como el Estado sufrió un daño patrimonial, la Procuraduría (entonces bajo la administración de Nelson Alcides Mora Rodas) intentó recuperar los US$ 35 millones. Pero el juzgado dispuso la caducidad porque la Procuraduría promovió fuera de tiempo la demanda de daños y perjuicios. Los abogados regularon honorarios por unos G. 2.300 millones.
Mediante el Decreto número 8520, el Jefe de Estado autoriza al Ministerio de Hacienda a realizar pagos en concepto de gastos judiciales recaídos contra el Estado paraguayo, a favor de los abogados Armindo Vera Ferrer y Eduardo Ariel González Báez, por el monto total de G. 2.126.250.000, conforme al Auto Interlocutorio Nº 1702, del 28 de noviembre de 2011, dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Decimotercer Turno, en el marco de la causa: "R.H.P. de los abogados Armindo Vera Ferrer y Eduardo Ariel González Báez en los autos Estado paraguayo c/Carlos Raúl Noguera y otros s/diligencias preparatorias".
El cobro de los honorarios tiene su origen en la condena del 30 de junio de 2004 (gobierno de Duarte Frutos) por lesión de confianza a Joaquín Vera Benítez, Carlos Raúl Noguera y Vidal Capurro Mendieta, consejeros del BNF por la concesión irregular de créditos a transportistas por 35 millones de dólares.
Como el Estado sufrió un daño patrimonial, la Procuraduría (entonces bajo la administración de Nelson Alcides Mora Rodas) intentó recuperar los US$ 35 millones. Pero el juzgado dispuso la caducidad porque la Procuraduría promovió fuera de tiempo la demanda de daños y perjuicios. Los abogados regularon honorarios por unos G. 2.300 millones.