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Mientras efectivos de la Policía y las Fuerzas Militares hacen las veces de guardaespaldas de algunos funcionarios acomodados, el Estado paraguayo gasta millones todos los años para la compra de servicios de seguridad y vigilancia.
En los últimos cinco años, las instituciones públicas destinaron más de G. 550.000 millones (cerca de US$ 100 millones) en este concepto, de acuerdo a datos que constan en la página web de la Dirección de Contrataciones Públicas.
Varias de las empresas adjudicadas mantienen algún tipo de vínculo o con autoridades políticas o con exjefes policiales.
La mitad para una sola
Es el caso de la firma SST Security Service Tecnology, empresa que hasta 2013 se denominaba Doram SACI y es vinculada a la familia del exdiputado colorado José Chamorro.
Desde 2010 hasta 2015, SST recibió adjudicaciones por más de G. 276.000 millones. Es decir, esta firma fue beneficiada con el 50% de lo que gastó el Estado paraguayo en concepto de compras de servicios de seguridad en los últimos cinco años.
Los beneficios para esta empresa comenzaron cuando Chamorro ocupaba todavía un escaño en el Congreso. Y también los cuestionamientos. La firma fue investigada por sobrefacturaciones y abusos contra sus trabajadores.
En mayo pasado, sindicalistas habían denunciado que la empresa explota a los más de 2.500 funcionarios que posee.
El cliente más grande de SST es el Instituto de Previsión Social (IPS) que en los últimos cinco años adjudicó a la firma con cerca de G. 180.000 millones.
De hecho, la previsional es la institución que más ha gastado en la compra de servicios de seguridad en este período de tiempo.
Las millonarias sumas recibidas por la familia del exdiputado Chamorro aumentan aún más si se tiene en cuenta que otra empresa de su grupo empresarial (CHL), Bullers SA, fue adjudicada con más de G. 220 millones en los últimos años.
De comisario a empresario
La empresa que ocupa el segundo lugar entre las que fueron adjudicadas para proveer servicios de seguridad al Estado aparece Tapiti SRL, una empresa vinculada a los hermanos Viviano y Vidal Machado. El primero llegó a ser comandante de la Policía durante el gobierno de Fernando Lugo y el segundo había llegado a comisario y ocupaba altos puestos cuando fue expulsado de las filas policiales por su implicancia en un intento de robo a un banco.
La firma fue habilitada por la Policía Nacional en 2007, llamativamente en la misma época en la que Viviano Machado ocupaba altos cargos dentro de las filas de la institución.
Entre 2010 y 2015, la firma de los hermanos Machado fue adjudicada con un total de G. 70.791.582.628. Su cliente más importante es la ANDE, que le adjudicó con más de G. 32.000 millones.
Cuando empezó, esta firma no contaba siquiera con un espacio para la práctica de tiro y utilizaba de manera irregular un predio de la FOPE para ello. Además operaba desde una pequeña oficina en Asunción.
Tan bien le ha ido en los últimos años que ahora cuenta con un imponente local propio en Luque.
Con problemas y gastando
El IPS, a pesar de contar con problemas que necesitan revisión urgente, es la institución pública que más gastó en compra de seguridad privada entre 2010 y 2015, con cerca de G. 180.000 millones adjudicados. En segundo lugar queda Copaco, con G. 80.000 millones y en tercero ANDE, con G. 73.000 millones, siempre teniendo en cuenta los últimos cinco años.
En 2013, año electoral, se registró el mayor gasto en compras de seguridad, con G. 113.000 millones.
juan.lezcano@abc.com.py