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Los abogados Liliana Boccia, Marlene Orué y Armando Sosa, apoderados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presentaron la denuncia contra Iturburo por los hechos punibles de tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado, falseamiento de elecciones, alteración de datos, sabotaje de computadoras y asociación criminal.
El caso se anexa a la denuncia de Yolanda Paredes, apoderada del Partido Cruzada Nacional del senador Paraguayo Cubas, y al del propio Tribunal Superior de Justicia Electoral, explicaron ayer en conferencia de prensa los fiscales Liliana Alcaraz y Diego Zilbervag.
Los agentes dijeron que se constituyeron en la Justicia Electoral y recabaron datos. En ese sentido, Alcaraz precisó que Fausto Von Streber, jefe directo de Iturburo, explicó el procedimiento de escrutinio, las etapas del juzgamiento de actas y proporcionó las resoluciones e imágenes en soporte digital del juzgamiento.
Zilbervag, por su parte, precisó que de acuerdo a lo referido por Von Streber, es “imposible adulterar la carga de datos” y a esto, Alcaraz agregó que cada movimiento contó con sus representantes en esos momentos.
Los investigadores no quisieron precisar aún cómo harán para corroborar el modus operandi que el mismo Iturburo cuenta con detalles en los audios difundidos en ABC Cardinal 730 AM, que ponen en entredicho el sistema “inviolable” del que se ufana el TSJE.
En otro punto, la fiscala Liliana Alcaraz no quiso hablar de la legalidad o no de los audios, que demuestran la comisión de hechos punibles. Asimismo, la agente refirió que el imputado senador Jorge Oviedo Matto (Unace) sería convocado a declarar más adelante.
Justamente los apoderados del PLRA citan en su denuncia cómo Iturburo operó para “inflar” votos en las pasadas elecciones y que inclusive recibió una camioneta de Oviedo Matto, que todavía está a nombre del Partido Unace. También, que dicho senador le dio G. 25 millones por el trabajo de la “carga de votos”.