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Este había demandado a la Cancillería por salarios caídos cuando fue despedido, se lo repuso y continúa en la institución. La jueza Blanca Mafalda Benítez trabó embargo sobre parte de salarios de cientos de funcionarios para pagar a Peña Bareiro.
La ADEP, así como el Sindicato de Funcionarios y Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (Sinfuemire) y el Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Sinfunre), remitieron una nota al canciller, Jorge Lara Castro, en relación al juicio de Peña Bareiro y la resolución de la jueza Mafalda Benítez. Señala que la misma crea un nefasto precedente de trato de privilegio individual, con el agravante de que tal decisión lesiona derechos de terceros, puesto que la medida bloquea los pagos de los funcionarios destinados a sus cuotas sociales, préstamos personales y prestación de alimentos para menores de edad.
"Ante las arbitrarias medidas solicitadas por el demandante, en la causa de referencia, nos vemos ante la obligación de resaltar que la situación de default, a la que está llevando a la cartera, implica un grave conflicto de intereses y hace imposible que el embajador Víctor Hugo Peña Bareiro pueda seguir desempeñando debidamente el cargo de director general de Planificación Política de la Cancillería, "por lo que venimos encarecidamente a solicitar se lo destituya del cargo de confianza y de relevancia estratégica que ocupa actualmente".
Suscriben la nota, Mateo Verdún (Sinfuemire); Alcides Albariño Barrios (ADEP), y Luiggi Negri (Sinfunre).
El pasado 23 de junio la ADEP reclamó judicialmente el levantamiento del embargo a fondos de la Cancillería, promovido por el embajador Víctor Hugo Peña Bareiro.
El pedido está argumentado en que los rubros destinados al Ministerio de Relaciones Exteriores conforman un instrumento esencial para el desempeño de la cartera y el principal sustento de las actividades laborales y de los servicios que por ley Cancillería debe prestar.
La ADEP, así como el Sindicato de Funcionarios y Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (Sinfuemire) y el Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Sinfunre), remitieron una nota al canciller, Jorge Lara Castro, en relación al juicio de Peña Bareiro y la resolución de la jueza Mafalda Benítez. Señala que la misma crea un nefasto precedente de trato de privilegio individual, con el agravante de que tal decisión lesiona derechos de terceros, puesto que la medida bloquea los pagos de los funcionarios destinados a sus cuotas sociales, préstamos personales y prestación de alimentos para menores de edad.
"Ante las arbitrarias medidas solicitadas por el demandante, en la causa de referencia, nos vemos ante la obligación de resaltar que la situación de default, a la que está llevando a la cartera, implica un grave conflicto de intereses y hace imposible que el embajador Víctor Hugo Peña Bareiro pueda seguir desempeñando debidamente el cargo de director general de Planificación Política de la Cancillería, "por lo que venimos encarecidamente a solicitar se lo destituya del cargo de confianza y de relevancia estratégica que ocupa actualmente".
Suscriben la nota, Mateo Verdún (Sinfuemire); Alcides Albariño Barrios (ADEP), y Luiggi Negri (Sinfunre).
El pasado 23 de junio la ADEP reclamó judicialmente el levantamiento del embargo a fondos de la Cancillería, promovido por el embajador Víctor Hugo Peña Bareiro.
El pedido está argumentado en que los rubros destinados al Ministerio de Relaciones Exteriores conforman un instrumento esencial para el desempeño de la cartera y el principal sustento de las actividades laborales y de los servicios que por ley Cancillería debe prestar.