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Ante la presión de la prensa, la Justicia Electoral dio a conocer ayer los balances e informes de ingresos y egresos 2011 de los partidos políticos. Solo no entregaron los de Patria Querida y País Solidario. Estas dos agrupaciones no entregaron aún los documentos, que por ley (el Código Electoral) están obligados a entregar antes del 30 de abril.
Llamó la atención los elevados montos que tenían depositados los partidos hace seis meses (ver info) en los bancos de plaza. El PLRA es el que más dinero tiene guardado en entidades financieras. Hasta diciembre de 2011, el directorio liberal tenía disponible en sus cuentas bancarias un total de G. 38.393 millones. En ese mismo año, el partido tuvo un ingreso de más de G. 52.000 millones en concepto de aporte estatal y subsidio electoral.
ANR, en segundo lugar
La ANR informó a la Justicia Electoral que a fin de 2011 tenía depósitos bancarios por más de G. 26.017 millones. Ese año, el Partido Colorado registró un ingreso de más de más de G. 49.000 millones en concepto de aporte y subsidio electoral. Sus egresos fueron de G. 18.164 millones.
Tekojoja, en tercer lugar
El partido liderado por el senador oficialista Sixto Pereira concluyó el año pasado con G. 3.071 millones depositados en el Banco Continental, según lo que informó la agrupación a la Justicia Electoral. En 2011, Tekojoja ingresó a sus cuentas G. 7.197 millones por aporte estatal y subsidio electoral.
El Unace
El Partido Unace es el cuarto partido que más dinero tenía en sus cuentas de banco al finalizar el 2011. Según su balance, tenía en tres cuentas corrientes más de G. 2.389 millones.
La agrupación liderada por Lino Oviedo informó en su cuadro de resultados que tenía ingresos por G. 8.596 millones en concepto de aporte y subsidio estatal.
No quieren pagar operadores
Pese a los miles de millones que tienen los principales partidos en sus cuentas bancarias, siguen presionando para que la Justicia Electoral corra con los gastos de salarios de sus operadores políticos y recomendados. La mayoría de los contratados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), a pedido de los presidentes de partidos y legisladores, son enviados a los locales partidarios a realizar trabajos administrativos y de servicios. La Contraloría General incluso ya advirtió en noviembre de 2009 que el comisionamiento de contratados a los partidos promovía el descontrol y el planillerismo, por lo que pedía acabar con esta práctica.