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El 17 de agosto pasado, la defensa de Núñez Salinas comunicó al magistrado Otazú, que no podía llevar adelante ninguna diligencia en el proceso abierto al legislador, ya que el mismo, el 1 de julio asumió el cargo de diputado por el periodo 2018/2023 por el departamento Central y en consecuencia cuenta con inmunidad parlamentaria.
Sin embargo, el juez no le entendió así y convocó a Núñez a la audiencia preliminar. Por estas y otras determinaciones, el acusado recusó al magistrado.
Núñez insistió en que Otazú tenía que volver a pedir su desafuero a la Cámara.
Los camaristas Cristóbal Sánchez, Emiliano Rolón Fernández y Gustavo Santander Dans rechazaron el argumento esgrimido por el legislador procesado.
“El diputado Carlos Núñez Salinas ha perdido el fuero parlamentario, por lo cual el proceso investigativo siguió su curso, se presentó acusación fiscal y hoy se halla pendiente de realización el acto procesal de audiencia preliminar. Con base en la necesaria continuidad de los actos procesales, artículo 373 del Código Procesal Penal, y a tales circunstancias atinentes al caso, la cuestión de fuero invocada no resulta consistente, por todo lo cual la solución brindada –de rechazo de la recusación– se halla ajustada a derecho”, dijeron los camaristas en el Auto Interlocutorio N° 254 del 12 de setiembre pasado.
Los antecedentes revelan que Núñez Salinas fue imputado el 23 de mayo de 2013 por el entonces fiscal Martín Cabrera. Le atribuyó la producción de documentos no auténticos, producción de documentos públicos de contenido falso y contrabando. El legislador importó mercaderías por más de US$ 1 millón y tributó solo sobre US$ 17.000.
El 17 de marzo de 2016 fue acusado y debido a las chicanas, aún no se define si el diputado debe afrontar o no juicio oral y público.
Caso Bogado
El senador colorado Víctor Bogado también está maniobrando en el proceso que se le sigue por estafa (autor) y cobro indebido de honorarios (cómplice), en el caso de la “niñera de oro”.
El legislador pidió al Senado que se ratifique su desafuero a fin de asistir a la audiencia preliminar, prevista para el 2 de octubre. Sin embargo, todo se trataría de una maniobra para volver a dilatar la causa.
El Tribunal de Apelación que rechazó la recusación del juez Otazú en el caso del diputado Núñez Salinas dejó bien en claro que no es necesario volver a pedir el desafuero de los legisladores que ya están procesados.
El 25 de octubre de 2013, la fiscalía imputó a Bogado y a la niñera de sus hijas, Gabriela Quintana, quien era funcionaria de la Cámara de Diputados y contratada en Itaipú con un salario de más de G. 8 millones, que cobró sin trabajar. El perjuicio a la binacional fue de G. 71 millones, según la fiscalía.
El 24 de junio de 2014, Bogado y la niñera fueron acusados por el Ministerio Público. Desde esa fecha, la justicia no puede definir si los encausados deben afrontar o no juicio oral, debido a los incidentes presentados.
OTROS PROCESADOS
Los otros legisladores procesados son el senador liberal, Enrique Salyn Buzarquis; los parlasurianos Enzo Cardozo y Milciades Duré, también liberales; el diputado liberal Carlos Portillo, el diputado colorado Tomás Rivas y el diputado liberal Teófilo Espínola.
Buzarquis, Cardozo y Duré dilatan su proceso entre tres y cuatro años, mediante numerosas chicanas. El primero incluso presentó un certificado médico falso, por lo que fue condenado, para trabar la audiencia preliminar.