Pacto en el Congreso busca impunidad de los políticos

Un pacto para la impunidad de políticos colorados, liberales y de otros partidos, que son procesados e investigados por el Ministerio Público y el Poder Judicial por hechos de corrupción en perjuicio al Estado, es lo que se habría concretado en el Congreso. Los legisladores, con la supuesta renovación de la justicia mediante cambio de ministros de la Corte, lo que pretenden es someter a los magistrados y blanquear a sus correligionarios acusados.

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El senador colorado Víctor Bogado ya fue acusado por el Ministerio Público por estafa y cobro indebido de honorarios, en el caso más conocido como el de la “niñera de oro” (Gabriela Quintana). La fiscalía pidió juicio oral para el legislador, quien ejerce una fuerte presión sobre la justicia, para que se lo desvincule del caso.

Bogado había sido desaforado gracias a la presión ciudadana. Sus colegas al principio rechazaron el pedido de la justicia.

El diputado José María Ibáñez, imputado por el caso de los caseros, a quienes pagaba con dinero público, pretende que el Poder Judicial anule su imputación. Ejerce una fuerte presión. Sin embargo, hasta ahora no consiguió que los jueces se sometan a sus intereses.

El senador liberal Enzo Cardozo, procesado por millonario perjuicio al Ministerio de Agricultura, es otro de los que busca su blanqueo en el Poder Judicial.

Junto a Cardozo fue imputado su correligionario parlasuriano Alberto Aquino, que hasta ahora no se sometió al proceso.

Humberto Blasco, hombre de confianza de Llano y su reemplazante en el Ministerio de Justicia, también están imputados por perjuicio de casi un millón de dólares a dicha secretaría de Estado. En el mismo caso fue incluida la exministra Lorena Segovia.

Los liberales, por otro lado, quieren evitar la imputación del senador Fernando Silva Facetti, indagado por compras sobrefacturadas en las licitaciones del IPS.

También está el político liberal Raúl Mongelós, que sustituyó a Silva Facetti. Es investigado por pagos irregulares a operadores del PLRA semanas antes de las elecciones pasadas.

Efraín Alegre y Enrique Salin Buzarquis, exministros de Obras Públicas, igualmente tiene varias investigaciones abiertas en contra en la Fiscalía.

Los colorados, por su parte, presionan a favor del diputado colorado Óscar Núñez, imputado por hechos de corrupción cuando era gobernador de Presidentes Hayes.

La verdadera intención de los políticos al plantear cambios en la Corte Suprema, sería el blanqueo de sus correligionarios procesados. Hasta ahora, los fiscales, ni jueces cedieron a las fuertes presiones de legisladores.

Los que buscan la “reforma”

Luego de la elección de Blas Llano como presidente del Congreso, se habló de cambios en la Corte.

Detrás de Llano, entre los principales propulsores de la “reforma judicial”, están Juan Carlos Galaverna y Enrique Bacchetta, quienes buscarían ubicar a sus incondicionales en el más alto tribunal.

Se debe recordar que Calé siempre buscó manejar la Corte. La evidencia de ello es aquella grabación en la que invitó a tomar un café al entonces ministro Carlos Fernández Gadea (fallecido) para darle su criterio político antes de fallar en un caso.

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