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Senador Víctor Bogado
El senador colorado cartista Víctor Bogado está acusado por el caso de “niñera de oro”. Gabriela Quintana fue nombrada en Diputados y tenía un sueldo de G. 13.237.400, pero bajo la presidencia del entonces diputado Bogado fue contratada en Itaipú en el 2013, a pedido del legislador. Luego que se descubrió que la “niñera de oro” tenía doble remuneración, devolvió G. 71.783.470 que fue lo que cobró sin trabajar en Itaipú.
Senador Enrique Salyn Buzarquis
El senador efrainista Enrique Salyn Buzarquis está acusado por haber causado un perjuicio de US$ 600 millones al Estado, al firmar un convenio con la empresa italiana ANAS, para estudios de suelo en el Chaco y en Ñeembucú, sin la autorización. La Fiscalía sostiene que este convenio del 2012 era innecesario porque el estudio ya había sido realizado. Además, Buzarquis fue imputado por uso de un certificado médico falso.
Diputado Miguel Cuevas
El presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, de Añetete, está investigado por presunta lesión de confianza y enriquecimiento ilícito. El concejal municipal de Ybycuí Esequiel Cáceres (PDP) denunció la mala utilización del rubro combustible por G. 1200 millones del periodo 2016, cuando Cuevas se desempeñaba como gobernador del departamento de Paraguarí. Se cargaba combustibles a vehículos en desuso.
Diputado Carlos Núñez Salinas
El diputado excartista Carlos Núñez Salinas fue blanqueado por un caso de contrabando. La acusación reveló que la firma Intercom Ingeniería SA, presidida por Núñez, despachó en el año 2011 un total de 11 ruteadores. En el instrumento de Aduanas se hizo figurar un costo de US$ 17.706 sobre el que se liquidó el impuesto. Luego se constató que el valor real era de US$ 1.026.028 y en realidad se trataba de 31 decodificadores de TV.
Senador Javier Zacarías Irún
El senador cartista Javier Zacarías Irún fue denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito. Estuvo involucrado en el intento de despojo de tierras del Estado para destinarlas al Hard Rock Hotel y Casino en Ciudad del Este. Sin trabajo conocido, posee avioneta, inmuebles, vehículos y departamentos en Brasil frente al mar. El Ministerio Público designó al fiscal Leonardi Guerrero para investigarlo.
Diputado Carlos Portillo
El diputado efrainista Carlos Portillo está imputado por cuatro delitos: supuesto tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal. Pidió una coima de US$ 3000 a Auda Fleitas a cambio de una resolución judicial. Llevó su caso a Ciudad del Este y el próximo 12 de noviembre en una audiencia preliminar se resolverá si se confirman las acusaciones o logra otra salida.
Diputado Teófilo Espínola
El diputado efrainista Teófilo Espínola está imputado por la fiscala Victoria Acuña por un supuesto perjuicio de más de G. 5 mil millones en contratos de obra en sedes estatales del interior del país. Era fiscalizador de la Defensa Pública cuya extitular Noyme Yore también está imputada. El parlamentario asegura que la ejecución de las obras se realizó antes de que sea comisionado al ente.
Senador Dionisio Amarilla
El senador llanista Dionisio Amarilla es investigado por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. La denuncia fue presentada por la Coordinadora de Abogados del Paraguay. Entre sus bienes se encuentran una casa quinta en Ñemby valuada en más de G. 1500 millones, una camioneta Land Cruiser adquirida por G. 706 millones, entre otras propiedades. Lo investiga el fiscal Leonardi Guerrero.
Diputado Tomás Rivas
El diputado cartista está imputado por pagar a sus caseros con dinero público. Hizo figurar a sus tres empleados como funcionarios de Diputados. Su caso es calcado al de su excolega José María Ibáñez (ANR, abdista). Rivas apeló su pedido de desafuero ante el Tribunal de Apelaciones que sigue sin expedirse, con la intención de dilatar su investigación y que la Cámara Baja no lo despoje de sus fueros.
Diputado Justo Zacarías Irún
El diputado cartista y exgobernador de Alto Paraná Justo Zacarías Irún es investigado por varios delitos, entre ellos: presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal. El clan Zacarías habría utilizado 16 empresas para desangrar al Estado. Existen sospechas de que Itapema y Gestiones del Este contrataban con la intendencia de Ciudad del Este y la Gobernación de Alto Paraná.