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De acuerdo con los datos que hemos podido recabar, se trata de Atilio Gómez Buongermini (39), accionista de la compañía VIP Security SA, con quien no hemos podido contactar ayer para obtener su versión de los hechos.
El caso ya estalló a fines del año pasado, pero no tomó notoriedad pública en su momento, aunque sí fue ampliamente comentado internamente en el sector financiero y en algunos círculos de personas de negocios.
Aparentemente, volvió a ocurrir una situación parecida a la de Alberto “Tuti” Pereira Johannsen que sacudió el mercado en 2011.
Varias entidades financieras y personas particulares le habrían otorgado altos préstamos y confiado fuertes sumas de dinero a Gómez Buongermini sin las necesarias comprobaciones de solvencia ni los respaldos suficientes, lo que habría derivado en un “agujero” de 16 millones de dólares en total.
El banco más perjudicado habría sido el Amambay, propiedad de Horacio Cartes. También habría salido personalmente damnificado el gerente general de dicho banco, Hugo Portillo, el mismo que se vio envuelto recientemente en una sonada polémica por acompañar un fallido operativo de la Senad contra el EPP.
Otros afectados habrían sido Banco Sudameris y ARA SA de Finanzas, ligada a José Ignacio González Macchi, conocido abogado y hermano del expresidente Luis Ángel González Macchi.
Todos estos datos fueron proveídos por fuentes muy confiables, pero están sujetos a mayor corroboración, ya que no hemos podido contactar ayer con los voceros de las empresas mencionadas.
Se sabe igualmente que Atilio Gómez Boungermini trabajaba con varios otros bancos, que le cancelaron sus cuentas.
El año pasado VIP Security apareció en los medios como adjudicataria de una dudosa licitación de la Policía Nacional para la provisión de vehículos tácticos blindados para la lucha contra el EPP, proceso que fue anulado por la Dirección General de Contrataciones Públicas por denuncias de irregularidades.
Antecedente similar
Este caso es muy similar al del ganadero Tuti Pereira Johannsen, quien fue acusado por la fiscalía de instigador de lesión de confianza al persuadir a ocho amigos suyos a realizar millonarias inversiones en operaciones que afectaron al BBVA con una operación de estafa de más de G. 10.000 millones.
En la misma causa está procesado el exgerente de riesgos del BBVA, Rodrigo Palumbo, por complicidad.