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El Congreso Nacional sancionó la Ley 2153 en el año 2003, imponiendo un límite de 10 años en la antigüedad de vehículos usados que pueden importarse en el país.
Con posterioridad se aprobó la Ley 4333, en el año 2011. Ambas coinciden en el punto central que es la restricción en cuanto a la fecha de fabricación.
La Ley 4333 de 2011, en su artículo 1º, estableció el límite de 10 años de antigüedad de los vehículos usados, tomando como factor preponderante el daño ambiental que se genera a partir de la emisión de humo de los motores, y también por el descontrol que hubo hasta entonces con el ingreso de “chatarras” al parque automotor nacional.
Un vehículo que supera los 10 años de su fecha de fabricación puede carecer de niveles de seguridad adecuados y también de la tecnología necesaria para asegurar la quema del combustible.
Paraguay es el único país de la región que permite el ingreso de autos con más de 10 años de uso. El otro país que permitía era Bolivia, pero desde 2011 limitó el ingreso de rodados de hasta 5 años de antigüedad.
Los ministros de la Sala Constitucional Víctor Núñez, Gladys Bareiro y Miguel Óscar Bajac concluyeron que la Ley 4333 viola el principio constitucional del “libre comercio”, por lo que emitieron, sin atender otras circunstancias, las medidas de inconstitucionalidad en contra la ley de referencia.
En principio benefició a un pequeño grupo de importadores, pero a partir de 2014, la Corte “liberó” las medidas a favor de cualquier importadora que echó manos a este recurso.
La incomprensible decisión hizo que hasta por las redes sociales se oferten las resoluciones de la Corte, como el caso de “Ervisa Transporte”, cuyo administrador es Osmar Vera Cresta, que en su página de Facebook publicaba el precio por cada resolución: 100 dólares.