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El fructífero negocio de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) continúa este 2017. La complicidad de los diputados y senadores permite que esta “asociación de municipalidades”, manejada actualmente por el clan colorado Rivas Benítez, integrado por la intendenta de Ybycuí, María del Carmen Benítez (ANR) y el diputado Tomás Rivas (ANR), siga esquilmando a los contribuyentes en forma arbitraria e irregular.
La organización no gubernamental (ONG) todavía recibe los G. 10.000 por la expedición, renovación o anulación de las licencias de conducir. Asimismo, los ingresos en concepto de impuestos por transferencias de bienes inmuebles y operaciones de crédito (hipotecas) van a parar a la ONG.
De acuerdo a los datos, algunas comunas tenían intenciones de no transferir más este año los G. 10.000 a la Opaci. Sin embargo, el chantaje de la organización al no facilitar las numeraciones para los registros las obliga a pagar. Además, la ONG usa como “arma” la no transferencia de los ingresos genuinos.
Esta última maniobra incluso viola la Constitución Nacional y la Ley 3966/2010 “Orgánica Municipal”, pero tampoco existe sanción alguna contra la organización.
La Opaci por más de una década estuvo en manos del clan Núñez, conformado por los hermanos colorados Basilio (actual ministro-asesor de Horacio Cartes), Ricardo (exintendente de Villa Hayes) y Óscar (diputado).
Los Núñez violentaron estatutos y resoluciones con intenciones de perpetuarse en la asociación. Sin embargo, el reclamo de algunas comunas obligó a los políticos a dejar los cargos.
Ricardo, quien ejercía la presidencia de Opaci, pidió permiso en febrero del año pasado, pero sugestivamente continúa como miembro titular de la Junta Directiva de la asociación.