No hay certeza de legalidad de escuchas de la Senad

Entre los equipos de espionaje y contraespionaje que operan actualmente en el país, el del Gobierno, a través de la Senad, sería el único autorizado por ley, pero no ofrece ninguna certeza de que todas las escuchas que se estuvieron haciendo sean legales. La coordinación de una oficina norteamericana y la falta de la comisión fiscalizadora, sumadas a la guerra interna que se desató en la secretaría, no ofrecen ninguna garantía.

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El ex fiscal general Oscar Latorre asegura que lo escuchaban y lo siguen escuchando sin apuntar a nadie en especial. El vicepresidente Luis Castiglioni afirma que le pasaron nombres de quienes lo están escuchando a él.
El presidente del Congreso, Miguel Abdón Saguier, asegura que amigos confiables le garantizaron que está siendo escuchado. Fernando Lugo, candidato de la oposición para el 2008, confirmó antes a nuestro diario que vigilaban sus llamadas. Prueba de eso sería una grabación de Osmar Martínez realizada al obispado de San Pedro que fue ventilada profusamente.


FACULTADOS A OIR POR LEY

La Ley 1881 del 2002, en su artículo 88, garantiza que un juez autorizara a que agentes de la Senad “debidamente autorizados” fotografíen, filmen, intercepten, registren, graben o reproduzcan sus comunicaciones orales, cablegrafías o eléctricas. Sin embargo, el mismo artículo obligaba a que cada permiso autorizado por un juez debía cumplir una serie de requisitos e inclusive un acta para cada escucha telefónica.


SE HABRIAN EXTRALIMITADO

Con esta ley, desde marzo del 2005 empezaron los trabajos.
Inclusive llegaron a probar el equipo con aprobación de operadoras de celulares y el aparato quedó funcionando, teóricamente, solo para líneas bajas.

El contrato inicial fue suscripto por Enrique Steynberg, por IPcom de Uruguay (una prestigiosa empresa de tecnología ultraavanzada), y Castor Ibarra, por la Senad. La Secretaría iba a estar representada por Luis Rojas, mientras la empresa tendría un representante local en el señor Miguel Guanes.

Cada escucha debía ser gestionada por un fiscal y debía tener permiso de un juez de garantías. Informaciones recopiladas por nuestro diario dan cuenta de que el sistema no es inviolable y que es posible interceptar llamadas sin orden de juez competente.


EL “EQUIPO”

El “Espía Uno” entró a operar inmediatamente y hasta la semana pasada sus operadores estuvieron en Copaco, hasta que su actual titular –a instancias de Víctor Bogado y como represalia ante las actuaciones del fiscal Giuzzio, quien opera a menudo con la Senad–, los “invitó” a salir. El equipo estaba siendo desmantelado y trasladado en las últimas horas.

Un jefe (que antes era Luis Rojas), un subjefe, seis agentes, incluida una colombiana, realizan las escuchas. “Oyen a narcotraficantes, es cierto, pero también a periodistas, empresarios y políticos por si tengan conexión con algunos capos de la mafia”, dice, poco convencido, alguien de Inteligencia.

“Mentira”, dice alguien de la Senad. “Todo ha sido con permisos de fiscales y jueces”.


LA TECNOLOGIA

Según un prospecto consultado por nuestro diario y extraído de Internet, el “SpyOne” (espía uno) es un sistema de administración de líneas telefónicas planeado para registrar, grabar e intervenir comunicaciones telefónicas. Entre sus propiedades figura centralizar operaciones, interconexiones independientes para cada operador, manipulaciones imperceptibles de llamadas e interconexiones con líneas móviles y fijas de telefonía. Puede escuchar, grabar, registrar detalles de las llamadas, bloquear llamados, organiza una base de datos con los archivos de las llamadas, transcripciones de las conversaciones, datos de las llamadas.

MAÑANA: Controlan todas las comunicaciones... ¿con permisos de jueces y fiscales?

mabel@abc.com.py
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