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Así expresa la resolución publicada en Ginebra de los 18 expertos de este Comité, encargado de vigilar el cumplimiento de Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas.
El Comité también manifestó su preocupación por las alegaciones de importantes irregularidades del Ministerio Público, la judicatura y las fuerzas de seguridad en el caso, así como “falta de imparcialidad e independencia en los procesos de investigación”.
A su vez, al Comité también le preocupan “las modalidades del proceso de destitución del Lugo en junio de 2012, en aplicación del artículo 225 de la Constitución. Las NN.UU., cuestionan en particular los plazos que tuvo para preparar y presentar la defensa.
El Comité instó, además, a Paraguay a “garantizar que el proceso de destitución siempre se lleve a cabo con plena conformidad con los principios básicos del debido proceso”, concluye el despacho noticioso.
Antecedentes
La muerte de seis policías y 11 ocupantes de un predio rural en Paraguay el 15 de junio de 2012 desencadenó la destitución constitucional de Lugo, por mal desempeño de sus funciones. Vía juicio político, el 22 de junio de 2012, el exobispo dejó el cargo sin oponer resistencia y asumió en su reemplazo el vicepresidente Federico Franco.
Cuando se produjo la matanza en Campos Morombí, Curuguaty, se desempeñaba como ministro del Interior, Carlos Filizzola, hoy candidato a senador número 2 del Frente Guasu (conglomerado de partidos y movimientos de izquierda), siendo el número 1 el propio Fernando Lugo.
Imputados
El fiscal de la causa, Jalil Rachid, imputó a 12 campesinos, entre ellos a los dirigentes Rubén Villalba y Néstor Castro, y dictó orden de captura para unas 54 personas.
Los imputados cuentan con defensa legal y el proceso se enmarca dentro de lo que establece el marco jurisdiccional, precisó Rachid.
Cuatro de los 12 imputados iniciaron una huelga de hambre (Juan Carlos Tillería Cáceres, Alcides Ramírez Ovelar, Luis Olmedo Paredes y Lucía Agüero Romero) y como sus vidas corrían peligro, se les otorgó prisión domiciliaria con rigurosa custodia policial.
Aborto y violencia
El informe del Comité de DD.HH. agrega también que Paraguay debe modificar su legislación sobre el aborto e incluir excepciones a la prohibición de la interrupción del embarazo.
Respuestas del Gobierno
El Estado paraguayo reiteró su rechazo a denuncias de organizaciones de la sociedad civil como Codehupy y Conamuri, que argumentaron presuntas violaciones de los derechos humanos durante la masacre de Curuguaty. La ministra de Justicia y Trabajo, María Lorena Segovia, sostuvo días atrás que “se ha dejado en claro” el compromiso del Estado con el respeto y la vigencia de los derechos humanos (DD.HH.) en Paraguay, tanto en Ginebra, Suiza, donde se presentó el Tercer Informe Periódico ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y luego en Washington, Estados Unidos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dijo que “se contestaron todas las denuncias”.