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Los colorados cartistas ensayaron varias estrategias para tratar de esquivar el peso de una nueva metida de pata política. Pero ante la contundencia de las evidencias (más de 50.000 rúbricas irregulares) no hay explicaciones o excusas que valgan. En principio hablaron en coro de que los infiltrados, opositores o disidentes colorados, hicieron aparecer más de 1.000 personas fallecidas, además de otras irregularidades, en las planillas de rúbricas por la enmienda constitucional.
Mientras, llovían en las redes sociales y la prensa las denuncias de gente enojada por aparecer –sin haberlo firmado nunca– como proponentes del proyecto cartista de continuidad en el poder, habilitando la figura de la reelección a través de la enmienda de la Carta Magna.
Otra estrategia del cartismo, llevada a cabo por Lilian Samaniego, Pedro Alliana y otros, fue acudir a la Fiscalía para ponerse a disposición de una investigación.
Ayer, el ministro del Interior, Tadeo Rojas, ensayó otra respuesta al afirmar que en una campaña masiva, que se hizo en tiempo breve y en todo el país, no se puede evitar que aparezcan “gente irresponsable que hace las cosas indebidamente”.
No obstante, Rojas siguió otra línea a la que el cartismo también recurre para defender su campaña de firmas. Dijo que la Fiscalía debe investigar si hay hechos irregulares y que le corresponde a la Justicia Electoral verificar si son válidas o no las rúbricas. Por su parte, en el organismo electoral dicen que solo pueden verificar si los firmantes figuran en el registro cívico permanente.
El ministro del Interior trató de minimizar las irregularidades al señalar que de todas maneras quedan miles de firmas válidas que de sobra supera la cantidad exigida por la ley.
Iniciativa popular
Rojas dijo que la campaña de firmas se hizo bajo la figura de la iniciativa popular. Ante la indicación de que el PLRA dice que los colorados no cumplieron con los requisitos de la iniciativa popular establecidos en el Art. 166 del Código Electoral, el ministro dejó la responsabilidad sobre el equipo jurídico de la ANR.