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El Ministerio de Obras Públicas dejó de lado intereses nacionales en materia petrolera: anuló acuerdos con una empresa americana y pretende entregar concesiones petrolíferas a una firma de Ecuador. Decisiones técnicas quedan de lado, ante el avance bolivariano.
Una aspiración de vieja data de nuestro país es encontrar petróleo. En el año 1995 se promulgó la Ley 779 "De hidrocarburos", en procura de dotar al Paraguay del marco jurídico necesario para garantizar tanto las inversiones como los intereses nacionales en materia de hidrocarburos.
La Ley 779/95 divide las actividades petrolíferas en tres etapas principales: prospección, exploración y explotación. Cada una de ella se encuentra bien identificada en la ley y se establece con claridad los mecanismos que deben implementarse, a nivel técnico y legal, para pasar de una etapa a la otra.
Hasta el momento, la única experiencia positiva se tiene en Gabino Mendoza, Chaco, en las cercanías de la frontera con Bolivia.
En este punto se encontró gas, pero faltan estudios para determinar la magnitud del campo y sobre todo si existe o no en cantidades suficientes para su comercialización.
Frente a Gabino Mendoza, Bolivia tiene sus principales torres de explotación petrolífera. El campo petrolero se extiende en el subsuelo, en una amplia región, sin importar límites soberanos de los Estados.
Bolivia es el único que obtiene beneficios con la extracción de gas y petróleo. La presencia de Paraguay se limita a una pequeña torre.
En la noche, el gas quemándose se asemeja a una figura fantasmal que danza según dictados del caprichoso viento norte.
Esa vieja torre fue levantada por Primo Cano Martínez, un hombre visionario y luchador como él solo.
Y hasta hoy sigue ardiendo en forma solitaria.
Palmar Largo
Al oeste del Chaco paraguayo, en la frontera con Argentina, sucede algo parecido: nuestros vecinos encontraron gas y petróleo en Palmar Largo, un paraje a orillas del Pilcomayo que alcanzó notoriedad gracias a la explotación petrolera.
A diferencia de Gabino Mendoza, frente a Palmar Largo Paraguay no tiene ninguna presencia. En nuestro territorio el monte chaqueño se extiende impenetrable y algunos establecimientos ganaderos se convierten en la única referencia de soberanía.
La extracción de petróleo se puede comparar con un vaso de yogur: los únicos que disfrutan de su sabor son los comensales que pueden disponer de una pajita.
El vaso esta a disposición, pero se requiere introducir una pajita para tomarlo. Mientras Argentina y Bolivia trabajan duro en el Chaco, Paraguay se limita a observar cómo sus vecinos obtienen beneficios.
El Estado paraguayo no tiene ninguna posibilidad de realizar inversiones petroleras, por un motivo muy sencillo: carencia de capital.
Los gastos que demandan las etapas de exploración y prospección son muy altos, con el riesgo de que no exista cantidad suficiente para iniciar la explotación.
Esta realidad, que es similar en toda la región, se subsana a través de contratos con empresas privadas, quienes arriesgan su capital en procura de encontrar petróleo.
Intereses nacionales
La existencia de la Ley 779/95 ratifica el interés nacional para encontrar petróleo en cantidades comercializables.
El Estado otorgó diversas concesiones a empresas petroleras, con la esperanza de cortar la dependencia que tenemos de proveedores extranjeros.
Se parte de la base de que la Ley 779/95 es adecuada para brindar garantías jurídicas a las empresas concesionarias y sobre todo se espera que el relacionamiento con el Estado sea estrictamente técnico y jurídico, sin otras consideraciones.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en cambio, está demostrando que la Ley 779/95 no es suficiente para demostrar seriedad en nombre del Estado paraguayo.
Peor aún, la secretaría de Estado no tiene inconvenientes en tolerar intereses ideológicos, en el momento de tomar decisiones que pueden afectar el cumplimiento de acuerdos.
Y no termina allí, la concesión petrolera puede ser una herramienta para enriquecer todavía más la corrupción local.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está dispuesto a anular la concesión a la empresa norteamericana Crescent Global Oil, de Texas, para entregarla en forma irregular a la empresa paraguaya Land Oil SA, relacionada con la firma ecuatoriana Tripetrol. Crescent Global Oil tiene permisos para trabajar en dos sectores, el bloque Alto Paraná y el bloque Boquerón.
El MOPC resolvió retirar ambas concesiones para entregarla a una sociedad paraguayo-ecuatoriana, siguiendo el sendero de intereses bolivarianos, antes que aquellos que dictan las necesidades del país. Paraguay necesita petróleo y para ello se requiere del concurso de empresas con capital y experiencia.
Land Oil SA y Tripetrol no reúnen ninguno de estos requisitos. Todo induce a suponer corrupción.
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