Modus operandi de la compraventa

Todas las declaraciones de los estudiantes imputados sindican como autores de la adulteración de las calificaciones de las actas de la carrera de Derecho a los funcionarios Víctor David Oviedo Arce, Eduardo Ariel Barrios Villalba y Claudio Ramón Aponte Steiner cuando estos cumplían funciones en la secretaría de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas (FCJD) de la Universidad Católica. Ahora fueron destituidos.

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La alumna Sofía Astaburuaga Fisher, al ver las publicaciones periodísticas sobre el caso, se presentó ante la fiscalía, donde reconoció que pagó G. 1.200.000 por calificaciones al funcionario Oviedo y que se benefició con la aprobación en las materias Derecho Romano I y Derecho Romano II.

Dijo que pagó a través del servicio “Giros Tigo”.

La fiscalía investigó con la telefonía y comprobó que Oviedo Arce no solo recibió dinero de dicha alumna, sino también de otros imputados: Emhil Morel Achón, por G. 1.000.000; Patricia Marlene Aguirre Faría, G. 1.600.000; Claudia Romina Carrera Romero, G. 900.000; Christian Raúl Brítez López, G. 200.000 y G. 900.000; y de Joaquín Agüero Colmán, G. 1.600.000.

Otro caso afecta a la alumna María Cándida Bogado Argüello. Cuando gestionó su certificado de estudios se corroboró que inicialmente tenía calificación “1” pero que figuraba con “3” en una materia. La modificación fue hecha con el código de Barrios Villalba, hoy imputado. Sofía Astaburuaga Fisher y María Cándida Bogado Argüello no están aún imputadas.

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