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Sin que nadie se lo solicitara, Raúl Torres Kirmser, presidente de la Corte Suprema de Justicia, envió ayer al Senado un dictamen sobre el proyecto de ley presentado por el senador de Cruzada Nacional, Paraguayo Cubas. La propuesta legislativa busca hacer públicas las declaraciones juradas de bienes de funcionarios públicos.
En una abierta intromisión en las funciones de otro poder del Estado, la Corte intentó así frenar la aprobación del proyecto que permitirá mayor transparencia y control sobre funcionarios públicos. Si bien la nota tiene fecha del 10 de octubre pasado, en la misiva aseguran que el proyecto fue tratado ya por el pleno de la Corte el 2 de octubre. El documento no fue entregado sino hasta ayer a los senadores, precisamente el día en que el Senado debía estudiar el proyecto de ley planteado por Cubas.
Prejuzgan causa
Además de la abierta intromisión en las funciones de otro poder, los ministros de la máxima instancia judicial incurren en un abierto prejuzgamiento. La Corte debe estudiar todavía la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República para no entregar esos mismos datos.
El órgano de control presentó una acción de inconstitucionalidad contra los fallos de primera y segunda instancia que favorecieron al periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, quien había planteado un amparo debido a las reiteradas negativas de la Contraloría a sendos pedidos de acceso a la información pública.
En esos pedidos de acceso a la información el periodista de nuestro diario solicitó también las declaraciones juradas de quienes ocuparon cargos de ministro de la Corte durante las últimas dos décadas.
Es decir, los ministros de la Corte Suprema intentan frenar también la publicidad de sus declaraciones juradas, violando abiertamente un derecho humano, como es el derecho de acceso a la información pública.
Repiten argumentos de la Contraloría
En la nota firmada por Torres Kirmser, la máxima instancia judicial repite los pobres argumentos planteados por la Contraloría para negar el acceso a las declaraciones juradas.
La máxima instancia judicial señala en su dictamen –no solicitado– que se deberían hacer públicos solo los exámenes de correspondencia. Este dato sería incompleto sin el detalle de lo que hay en las declaraciones de los funcionarios.
La Corte, al igual que la Contraloría, sostiene que las declaraciones juradas son “patrimonio documental privado de las personas”. Las declaraciones juradas son información de índole patrimonial que constan en una fuente pública de información; esto es información pública. Con la modificación planteada por Cubas, este argumento dejaría de existir.
Ese argumento planteado por la Contraloría ya fue rebatido en primera instancia por el juez Rubén Riquelme y por un Tribunal de Apelación.
“Brindar información personal y patrimonial de los servicios públicos, consecuentemente su acceso, contenidas en su declaración de bienes y rentas, activos y pasivos, tiene mayores beneficios para la salud pública que perjuicios para un servidor público, cuyo estándar de privacidad es inferior al del ciudadano común. A mayor responsabilidad pública, mayor transparencia”, había señalado Pedro Mayor Martínez, del Tribunal de Apelación, al momento de la sentencia.
Motivo de recusación
Ezequiel Santagada, del Grupo Impulsor de Acceso a la Información y abogado del periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, anunció ayer que plantearán la recusación de todos los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
“Incurrieron en un abierto prejuzgamiento cuando todavía tienen que estudiar la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría. Esta es una postura que retrasa”, lamentó el abogado y recordó que la tendencia es hacer públicas las DD.JJ.